El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ejecutado formalmente el indulto concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a Laura Borràs, expresidenta del Parlament de Catalunya. La resolución judicial implica que Borràs quedará exonerada de cualquier pena privativa de libertad derivada de su condena, aunque la inhabilitación para el ejercicio de cargo público seguirá vigente.

La decisión del TSJC supone la materialización práctica de un perdón gubernamental que ha generado una notable controversia jurídica y política desde que fue anunciado. Borràs fue condenada por fragmentar contratos públicos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, con el fin de beneficiar a un amigo. La sentencia incluía penas de inhabilitación que la apartaron de la presidencia del Parlament en su día.

Un indulto que no borra la inhabilitación

El alcance del perdón tiene sus límites. Aunque Borràs ya no enfrentará el riesgo de ingresar en prisión, la inhabilitación —que es la pena que, en la práctica, más consecuencias políticas le ha acarreado— se mantiene intacta. Eso significa que la expresidenta del Parlament sigue sin poder ocupar cargos públicos durante el período que fijó la sentencia, lo que acota considerablemente el efecto político real del indulto en lo inmediato.

El Gobierno central justificó la concesión del indulto en razones de equidad y reinserción, argumentación que fue recibida con escepticismo por amplios sectores jurídicos y de la oposición, que señalaron la proximidad política entre el Ejecutivo y las formaciones independentistas como telón de fondo de la decisión. El TSJC, por su parte, se ha limitado a ejecutar lo que le corresponde: aplicar la resolución del Consejo de Ministros en los términos que la ley establece.

El caso Borràs ha sido uno de los más seguidos de la política catalana de los últimos años, no solo por la gravedad de los hechos juzgados —irregularidades en la contratación pública—, sino también por las implicaciones institucionales de que la presidenta del Parlament fuera condenada y apartada de su cargo en pleno ejercicio de sus funciones.