El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha confirmado la retirada de la orden de detención vigente contra Carles Puigdemont, pero se resiste a dar por concluida su labor instructora en la causa del 1-O antes de cerrar formalmente el sumario y trasladarlo a la sala penal para que sea esta quien decida el archivo definitivo del proceso.

Según las informaciones publicadas por Nació Digital y el diario Ara, el magistrado ha reafirmado su posición sobre la aplicación de la ley de amnistía: acepta que la orden de arresto no puede mantenerse en vigor, pero considera que le corresponde a él agotar la fase de instrucción antes de que otro órgano resuelva sobre el fondo. En la práctica, esto significa que Puigdemont no está sujeto a ninguna medida cautelar activa, pero la causa judicial en su contra no ha quedado formalmente extinguida.

La amnistía, aplicada a medias

La tensión procesal radica en los límites de la ley de amnistía aprobada en 2024. Llarena entiende que la norma le obliga a levantar las medidas coercitivas —entre ellas la euroorden—, pero que la decisión de archivar el procedimiento íntegramente corresponde a la sala penal del Supremo una vez él remita las actuaciones. Los sectores críticos con esta interpretación sostienen, en cambio, que el juez instructor debería aplicar la amnistía de forma inmediata y sin condicionantes, cerrando él mismo la causa.

La postura de Llarena ha generado un nuevo episodio de controversia en torno a un procedimiento que arrastra ya más de siete años desde el referéndum del 1 de octubre de 2017. El instructor ha instruido la causa desde sus inicios y ha sido la figura central de las sucesivas euroórdenes emitidas contra los líderes independentistas que huyeron al extranjero.

Puigdemont, sin orden de detención pero sin resolución final

El expresidente de la Generalitat lleva desde 2017 residiendo fuera de España, principalmente en Bélgica y en Waterloo. Con la retirada de la orden de detención, Puigdemont puede moverse por el espacio Schengen sin riesgo de ser arrestado para su entrega a la justicia española, aunque la situación jurídica definitiva de la causa —y, con ella, la de su eventual retorno a Catalunya sin consecuencias penales— queda pendiente de que el Supremo resuelva en sala.

El Partido Popular ha cuestionado reiteradamente la constitucionalidad de la ley de amnistía desde su tramitación parlamentaria, y ha recurrido ante el Tribunal Constitucional distintos aspectos de su aplicación. Vox, por su parte, ha denunciado en diversas ocasiones que la norma supone una quiebra del principio de igualdad ante la ley y ha pedido su anulación íntegra.