La Junta Electoral Central (JEC) ha abierto un expediente sancionador a Pedro Sánchez por la rueda de prensa que ofreció el 6 de octubre desde La Moncloa, un día después de anunciar el adelanto electoral al 29 de noviembre. El organismo concluye que el presidente no se limitó a informar sobre los acuerdos del Consejo de Ministros, sino que aprovechó el acto institucional para hacer valoraciones favorables a su gestión, descalificar a la oposición y reclamar explícitamente «una mayoría más rotunda» para las elecciones recién convocadas.

En esa comparecencia, el Ejecutivo había anunciado la aprobación de los decretos de vivienda que el Congreso había rechazado días antes y la puesta en marcha de un fondo de 10.000 millones de euros en préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para ayudar a comprar una primera vivienda. La JEC no cuestiona esos anuncios en sí mismos, sino el envoltorio político con el que Sánchez los acompañó desde la sede de la Presidencia del Gobierno.

El artículo de la ley electoral que Sánchez habría vulnerado

La resolución de la JEC apunta directamente al artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que prohíbe desde la convocatoria hasta la celebración de los comicios cualquier acto organizado o financiado por los poderes públicos que contenga referencias a logros del Gobierno o que utilice expresiones similares a las de las campañas de los partidos concurrentes. Los magistrados del organismo consideran que las declaraciones de Sánchez superan ese límite con creces.

Como medida cautelar, la JEC ha instado al Gobierno a retirar de la página web oficial de La Moncloa y de todos los canales institucionales las manifestaciones que vulneran la neutralidad electoral. El organismo matiza que sí puede mantenerse la información estrictamente referida a los acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros.

La denuncia del PP y su respuesta a la resolución

Fueron el PP y la plataforma Se Acabó la Fiesta (SALF) quienes denunciaron la comparecencia ante la JEC ese mismo 6 de octubre. Los populares argumentaron que Sánchez había utilizado «la sede de la Presidencia del Gobierno para exponer supuestos logros de su Gobierno, descalificar a la oposición y dirigir mensajes propios de campaña electoral». Tras conocerse el expediente, el PP ha celebrado la decisión y ha calificado al presidente como alguien «acostumbrado a vivir rodeado de ilegalidades» que hace «trampas desde el mismo momento en que se convocan elecciones».