El Tribunal de Cuentas ha cerrado el procedimiento contable abierto contra los responsables de la Generalitat por el uso de fondos públicos durante el procés. La consejera Elena Hernáez ha dictado una resolución de 60 folios en la que declara extinguidas todas las presuntas responsabilidades contables y levanta las medidas cautelares que garantizaban avales por un total de 4.283.438,23 euros, aportados en su mayor parte por el Institut Català de Finances.

La decisión se apoya en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada el pasado julio, que despejó la única duda jurídica que había frenado la aplicación inmediata de la ley de amnistía aprobada en 2024: si los gastos cuestionados habían afectado a los intereses financieros de la UE. Al concluir que no existía tal afectación, la consejera consideró que no había obstáculo para extinguir las responsabilidades reclamadas.

Qué se investigaba y quiénes eran los encausados

El proceso contable analizaba si la Generalitat destinó indebidamente fondos públicos a sufragar los gastos del referéndum del 1 de octubre de 2017 y las actividades de acción exterior del Govern, canalizadas en parte a través del organismo Diplocat. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas había calculado en 3,1 millones de euros la cantidad cuya devolución reclamaba, si bien dentro del procedimiento se investigaban específicamente 883.695 euros vinculados a la organización del 1-O.

Entre los 35 encausados figuraban los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras, exconsellers y funcionarios que intervinieron en las actuaciones investigadas. Todos quedan ahora absueltos de cualquier responsabilidad contable por estos hechos.

La Fiscalía apoyó la amnistía pese a haber reclamado antes la devolución

El giro del Ministerio Público fue significativo: la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que había sido la que solicitó originalmente la restitución de los fondos, terminó apoyando la aplicación de la amnistía una vez que la ley entró en vigor. La consejera, no obstante, prefirió aguardar al pronunciamiento europeo antes de resolver, lo que retrasó varios meses la resolución definitiva.

Con el archivo del caso, el Institut Català de Finances recuperará los avales presentados como garantía durante el proceso, cantidad que había quedado bloqueada como fianza mientras la causa seguía abierta.