Un juez instructor ha requerido formalmente la desclasificación de la documentación en poder del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relacionada con el espionaje mediante el software Pegasus contra miembros de la entidad Òmnium Cultural. La resolución judicial exige que se entregue al tribunal toda la información relativa a las intervenciones realizadas sobre los dispositivos móviles de los afectados.

La petición supone un paso significativo en la investigación judicial de uno de los casos más polémicos derivados del llamado Catalangate, el escándalo que salió a la luz en 2022 tras la publicación de un informe del laboratorio Citizen Lab, que documentó el uso de Pegasus para infectar los teléfonos de decenas de independentistas catalanes, entre ellos dirigentes políticos, activistas y miembros de entidades civiles como la propia Òmnium.

El CNI, en el centro de la investigación judicial

El CNI reconoció en su momento haber utilizado Pegasus en determinadas operaciones, pero siempre bajo autorización judicial del Tribunal Supremo y con el amparo de la legalidad vigente. Ahora, la exigencia del juez de acceder a la documentación clasificada plantea una tensión directa entre el secreto de Estado que ampara las actuaciones de los servicios de inteligencia y las garantías del proceso judicial.

La desclasificación de material sensible en manos del CNI requiere habitualmente la autorización del Gobierno, lo que sitúa al Ejecutivo de Pedro Sánchez ante una decisión de notable calado: facilitar o no esa documentación a la justicia en el marco de un caso con una clara dimensión política. La negativa a desclasificar equivaldría, en la práctica, a blindar bajo el secreto oficial actuaciones que un juez considera relevantes para el esclarecimiento de presuntos delitos.

Òmnium Cultural es una de las organizaciones de la sociedad civil catalana más activas en la defensa de la lengua y la cultura catalanas, además de haber tenido un papel destacado en el activismo independentista. Que sus miembros figuren entre los presuntos objetivos del espionaje convierte este caso en especialmente sensible, independientemente de la valoración política que cada uno haga de sus posiciones.