La crisis de la vivienda no solo divide a la sociedad española entre quienes pagan una hipoteca y quienes pagan un alquiler: también divide a los electorados de los partidos políticos. El perfil de los votantes según su relación con la vivienda —propietario o inquilino— condiciona de manera determinante las posiciones que cada formación adopta ante una de las mayores urgencias sociales del momento, y ayuda a entender por qué el bloqueo parlamentario a los decretos de habitatge derivó en la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.

El Gobierno español atribuyó parcialmente a ese rechazo —protagonizado por Junts, PP y Vox— la decisión de adelantar los comicios. Tres fuerzas con electorados que, según los datos electorales disponibles, presentan una proporción de propietarios claramente superior a la media. No es un dato anecdótico: quien ya tiene vivienda en propiedad tiende a ver con recelo las medidas de control de precios del alquiler, que pueden afectar al rendimiento de sus activos inmobiliarios.

La geografía del voto y la propiedad, un mapa que no es neutral

Los partidos de centroizquierda e izquierda concentran una mayor proporción de votantes que alquilan su vivienda, especialmente entre los menores de 40 años y en grandes ciudades como Barcelona o Madrid, donde el mercado del alquiler ha experimentado subidas de dos dígitos en los últimos años. Este perfil explica la presión que ejercen esas formaciones a favor de regulaciones más intervencionistas: sus electores las padecen directamente en el bolsillo cada mes.

En el polo opuesto, PP y Vox presentan electorados con mayor peso de propietarios, a menudo de mediana y avanzada edad, con vivienda adquirida en décadas anteriores y, en muchos casos, con propiedades adicionales puestas en alquiler. Para este segmento, las medidas de regulación de rentas o de movilización de vivienda vacía no son una solución: son una amenaza a su patrimonio.

El caso de Junts: catalanismo propietario frente al intervencionismo de Sánchez

El posicionamiento de Junts resulta especialmente revelador. Su electorado, con un perfil sociológico más acomodado y mayor proporción de propietarios que la media independentista, explica en parte su negativa a avalar los decretos del Ejecutivo central. Más allá del cálculo político sobre la negociación con Sánchez, hay una base social que no tiene incentivos para apoyar políticas que limiten la rentabilidad del arrendamiento privado. La coincidencia de Junts con PP y Vox en ese voto negativo refleja, desde ángulos distintos, una misma realidad sociológica: sus votantes tienen más que perder que ganar con la regulación del mercado.

ERC, en cambio, ha defendido medidas más restrictivas en el mercado del alquiler, coherente con un votante urbano y más joven que, en las grandes ciudades catalanas, destina una parte creciente de sus ingresos a pagar la renta mensual. La propia Llei de Contenció de Rendes que impulsó el Govern tiene en ese perfil de elector su principal base de legitimidad social.

El resultado de las elecciones del 29 de noviembre podría marcar, entre otras cosas, hasta qué punto la vivienda ha madurado como eje electoral capaz de movilizar votantes más allá de sus adscripciones ideológicas habituales. Es la primera vez que una crisis de habitatge contribuye de forma directa a la caída de un Gobierno central.