La crisis del alquiler ha dejado de ser un debate ideológico de manual para convertirse en una preocupación transversal que atraviesa todas las familias políticas. Según los datos de una encuesta recogida por Nació Digital, siete de cada diez ciudadanos se muestran favorables a congelar los precios del alquiler, una medida que, de manera llamativa, cuenta con el apoyo de aproximadamente la mitad de los votantes de PP, Vox y Junts per Catalunya, formaciones que en sus programas y discursos públicos se oponen precisamente a este tipo de intervenciones estatales en el mercado.

El dato más significativo del sondeo no es tanto el porcentaje global —el 75% de los encuestados avala algún tipo de intervención pública sobre el mercado inmobiliario— sino la fractura que se detecta entre los votantes de la derecha y el centroderecha y las posiciones oficiales de sus propios partidos. Que la mitad del electorado de formaciones que defienden la economía de mercado pida al Estado que congele los alquileres refleja hasta qué punto el problema de la vivienda ha desbordado los marcos ideológicos tradicionales.

Restricción al alquiler turístico y más impuestos a grandes tenedores, también con mayoría

La encuesta va más allá de la congelación de rentas. Una mayoría de los consultados apoya igualmente limitar el número de pisos turísticos, una medida que ya ha sido aplicada con distinta intensidad en Barcelona y otros municipios con alta presión turística, y que sigue siendo objeto de debate jurídico y político. El sondeo también recoge un respaldo mayoritario a la idea de elevar la carga fiscal sobre los grandes tenedores de vivienda, es decir, sobre los propietarios con un número significativo de inmuebles en cartera, ya sean personas físicas o fondos de inversión.

Ambas medidas son presentadas por los encuestados como complementarias a la congelación de alquileres dentro de un enfoque más amplio de política de vivienda. El denominador común es la percepción de que el mercado, por sí solo, no está siendo capaz de garantizar el acceso a una vivienda digna, y que la intervención pública ha pasado a verse como una necesidad antes que como una amenaza.

Un escenario político que no refleja la opinión mayoritaria

La paradoja que pone de relieve esta encuesta es notable: el Parlament de Catalunya y el Congreso de los Diputados albergan mayorías de partidos que, en distintos grados, se resisten a aplicar las medidas que sus propios votantes dicen apoyar. El PP y Vox han rechazado sistemáticamente las propuestas de regulación de precios del alquiler que han llegado al Congreso, mientras que Junts ha mantenido una posición ambigua en función del interlocutor y el momento político. Que la mitad de sus respectivos electorados contradiga esa línea en una encuesta es un dato de fondo que los estados mayores de esos partidos difícilmente pueden ignorar.

Por su parte, el Govern de la Generalitat lleva años prometiendo políticas de vivienda ambiciosas sin que los resultados en términos de accesibilidad y precio hayan mejorado de forma perceptible para las rentas medias y bajas. Los datos del mercado del alquiler en el área metropolitana de Barcelona y en otras ciudades catalanas siguen marcando máximos históricos, lo que alimenta precisamente ese caldo de cultivo de demanda social de intervención que recoge la encuesta.