El Tribunal Constitucional ha dado un paso formal decisivo al notificar al Tribunal Supremo la sentencia mediante la cual avala la aplicabilidad de la ley de amnistía a los líderes del proceso independentista catalán. La comunicación oficial entre los dos altos tribunales abre la puerta a que el Supremo deba ajustar sus actuaciones a lo dictado por el órgano de garantías constitucionales.

La sentencia del Constitucional cierra, al menos en el plano jurídico-constitucional, un debate que ha mantenido en tensión a las dos cúpulas judiciales del país durante meses. El Supremo había mantenido una interpretación más restrictiva sobre el alcance de la norma aprobada por las Cortes Generales a instancias del Gobierno de Pedro Sánchez, en el marco de los acuerdos que permitieron su investidura con el apoyo de los partidos independentistas.

Una ley que nació de una negociación política, no de una demanda social

La amnistía fue uno de los puntos más controvertidos de los pactos de gobernabilidad suscritos entre el PSOE y las formaciones soberanistas. Desde el minuto uno, amplios sectores jurídicos, judiciales y políticos cuestionaron tanto su oportunidad como su encaje constitucional. El propio Supremo elevó cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con los delitos de malversación vinculados al referéndum del 1 de octubre de 2017, una vía que mantiene abierta la posibilidad de que Europa matice o condicione la aplicación de la norma en determinados aspectos.

Con la notificación formal al Supremo, el Constitucional traslada ahora la obligación de ejecutar su doctrina. El alto tribunal con sede en Madrid deberá pronunciarse sobre cómo adapta sus procedimientos pendientes a lo resuelto, en una situación que sus propios magistrados han calificado en distintos momentos como extraordinariamente compleja desde el punto de vista procesal.