El Partido Popular registró ayer un escrito ante la Audiencia Nacional solicitando la imputación formal del PSOE en la causa que instruye el magistrado Santiago Pedraz sobre presuntos pagos en metálico realizados por la formación de Pedro Sánchez. La maniobra llegó apenas un día después del anuncio de elecciones anticipadas, lo que convierte esta acción judicial en el primer gran movimiento político-legal de la precampaña.

Los populares se personan en el procedimiento en calidad de acusación popular y atribuyen al PSOE hasta cinco figuras delictivas: financiación ilegal de partidos, soborno, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y malversación. Se trata de los cargos más graves que pueden derivarse de una investigación sobre la contabilidad interna de una formación política, y su acumulación en un mismo escrito refleja la voluntad del PP de ampliar al máximo el perímetro de la acusación.

La causa del juez Pedraz, eje del envite judicial

La investigación que tramita Pedraz en la Audiencia Nacional se centra en los supuestos pagos en metálico vinculados al PSOE. El PP aprovecha ahora esa instrucción en marcha para incorporarse como parte acusadora, una figura que la ley procesal española permite a cualquier ciudadano o entidad en delitos que afectan al interés general. Al ejercer la acusación popular, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo adquiere capacidad para proponer diligencias, pedir medidas cautelares y, en su momento, formular acusación en el juicio oral.

El momento elegido no es casual. Con la convocatoria electoral recién anunciada, la presentación del escrito garantiza cobertura mediática máxima y sitúa al PSOE a la defensiva en los primeros compases de la campaña. El PP busca así trasladar al terreno judicial una ofensiva que hasta ahora se libraba principalmente en el debate parlamentario y en los mítines.

Desde el PSOE no hubo respuesta oficial inmediata a la maniobra del PP más allá de las declaraciones habituales en las que califican de persecución política cualquier acción judicial impulsada por el principal partido de la oposición. El PSOE niega cualquier irregularidad en su financiación y ha rechazado sistemáticamente las acusaciones que circulan en torno a la causa Pedraz.

En términos procesales, la petición del PP no implica que la imputación vaya a producirse de forma automática. Será el juez Pedraz quien decida si admite o rechaza la personación de los populares como acusación popular y, en su caso, si acuerda citar al PSOE como investigado. La decisión puede tardar semanas o incluso meses, lo que significa que el grueso del proceso judicial se desarrollará, previsiblemente, una vez cerrado el ciclo electoral.