El Tribunal Constitucional ha dado el paso definitivo: los máximos responsables del Gobierno que impulsó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 quedan amparados por la ley de amnistía. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Antoni Comín y Lluís Puig cuentan ya con el aval del TC para acogerse a la norma aprobada por el Congreso con el apoyo determinante de los partidos independentistas, que a cambio respaldaron la investidura de Pedro Sánchez.

La resolución del Constitucional traslada ahora la pelota al Tribunal Supremo, que es el órgano competente para ejecutar las consecuencias prácticas del fallo: retirar las órdenes de detención que pesaban sobre los dirigentes en el exilio y archivar las causas abiertas por delitos de malversación contra quienes ya habían sido condenados o procesados. El alcance de la decisión es, por tanto, jurídico y político a un tiempo: cierra formalmente el ciclo penal derivado del procés para sus principales impulsores.

Una ley diseñada a medida, ahora refrendada por el máximo intérprete de la Constitución

La ley de amnistía fue una de las condiciones exigidas por Junts y ERC para sostener la mayoría parlamentaria que permitió a Sánchez renovar su mandato en La Moncloa. Su tramitación estuvo marcada por la controversia jurídica y política: varios juristas y la propia Fiscalía cuestionaron su constitucionalidad, y el Tribunal Supremo llegó a plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si la norma podía amparar conductas relacionadas con la malversación de fondos públicos. El TC, con esta resolución, despeja las dudas sobre la aplicación de la amnistía a los siete dirigentes señalados, aunque el debate de fondo sobre la legitimidad política de la operación legislativa que la hizo posible queda intacto.

Entre los beneficiados figura Puigdemont, que reside en Bélgica desde que abandonó Catalunya tras la aplicación del artículo 155, y que acumula diversas órdenes de detención dictadas por el Supremo a lo largo de los últimos años. Si el Supremo cumple con lo que exige el fallo del TC, el expresidente de la Generalitat podría regresar a España sin riesgo de ser detenido. Junqueras, por su parte, ya cumplió condena y fue indultado en 2021, pero mantenía causas abiertas por malversación que ahora quedarían extinguidas.

El desenlace supone también un punto de inflexión para Turull, secretario general de Junts, y para Romeva y Bassa, exconsellers condenados en la sentencia del Supremo de 2019, así como para Comín y Puig, que como Puigdemont permanecen fuera del país. Todos ellos ven cómo el Estado español cierra los expedientes penales que han centrado buena parte de la actividad judicial de los últimos siete años en relación con el procés.