Pedro Sánchez ha disuelto las Cortes y convocado elecciones generales anticipadas en lo que, más allá de los cálculos tácticos habituales, constituye una apuesta de naturaleza plebiscitaria: el eje de la campaña no será un programa ni una coalición, sino la figura del propio presidente y el fenómeno político que lleva su nombre. El sanchismo, entendido como estilo de gobierno, como marca identitaria y como propuesta de poder, se somete al veredicto de las urnas.

Lo llamativo del momento es el contraste de fondo. La izquierda occidental atraviesa una etapa de retroceso y desorientación: partidos socialdemócratas y progresistas pierden terreno en Alemania, Francia, Italia y buena parte del norte de Europa ante una oleada conservadora que en algunos países ha derivado en opciones directamente reaccionarias. En ese paisaje, Sánchez ha construido una posición que se presenta a sí misma como contracultural: un optimismo explícito, una capacidad de resistencia personal ante la adversidad y una narrativa de confrontación que le sitúa, ante su propio electorado, como el dique frente al avance de la derecha.

Un modelo político que divide tanto como cohesiona

El sanchismo, sin embargo, tiene un coste de cohesión nacional evidente. Su estrategia ha pivotado en gran medida sobre la polarización: definirse siempre por oposición al adversario —ya sea el PP, Vox o los poderes económicos— ha resultado electoralmente rentable en ciertos ciclos, pero ha dificultado los consensos institucionales y ha tensado de forma sostenida la relación con actores políticos y territoriales que no forman parte de su bloque. La convocatoria electoral es, en ese sentido, una confirmación de método: antes que negociar una salida acordada a un período de inestabilidad parlamentaria, Sánchez elige trasladar la decisión a los ciudadanos con él mismo en el centro del debate.

Desde la perspectiva de Catalunya, el adelanto electoral abre un escenario de incertidumbre significativa. Los pactos que han sostenido la legislatura —con ERC y con Junts, con cesiones en materia de financiación singular y en el tratamiento político del independentismo— quedan en suspenso. Ninguna de las dos formaciones tiene garantizado que un eventual segundo mandato de Sánchez reproduzca las mismas condiciones, y ambas afrontan la campaña desde posiciones de debilidad interna. ERC ha vivido meses de fractura orgánica, mientras que Junts gestiona las tensiones derivadas de la situación judicial de Carles Puigdemont.

Para el electorado catalán no independentista —que existe, es mayoritario en términos absolutos y raramente se ve interpelado de forma directa por ninguno de los grandes bloques—, estas elecciones plantean una pregunta incómoda: si el plebiscito sobre el sanchismo es la oferta del bloque de izquierdas, ¿qué ofrece el bloque alternativo como proyecto concreto para Catalunya más allá de la retórica de la regeneración? Esa respuesta, hasta ahora, sigue pendiente de formularse con suficiente concreción.