Junts per Catalunya ha dado un ultimátum al Gobierno central: si Pedro Sánchez no retira voluntariamente los dos decretos de vivienda que tiene sobre la mesa, la formación liderada por Carles Puigdemont los tumbará en el Congreso. El partido lo decidió así en una reunión interna celebrada este martes por la tarde, en un momento en que la legislatura en Madrid atraviesa una de sus fases más delicadas desde la investidura.

La decisión convierte a Junts en el actor con mayor capacidad de veto en una cámara donde el bloque de investidura carece de mayoría suficiente sin sus siete diputados. No es la primera vez que la formación hace uso de esa posición para forzar negociaciones con La Moncloa, pero en esta ocasión el objeto del pulso son dos normas con incidencia directa sobre el mercado de la vivienda, una de las pocas áreas en que el Ejecutivo ha conseguido articular cierto relato de gestión social.

Los decretos, en el aire por la aritmética parlamentaria

El Gobierno necesitaba la convalidación de ambos decretos en el Congreso para que siguieran en vigor. Con la posición de Junts clarificada en sentido contrario, esa convalidación resulta virtualmente imposible sin un acuerdo previo. La formación independentista no ha detallado públicamente qué condiciones concretas exige a cambio de un eventual cambio de voto, aunque la lógica de su estrategia apunta a que el asunto se inserta en un marco negociador más amplio con el Ejecutivo socialista.

El episodio vuelve a poner de manifiesto las limitaciones estructurales de un gobierno que depende de apoyos fragmentados y en permanente renegociación para sacar adelante cualquier iniciativa legislativa de calado. Que una medida presentada como respuesta a la emergencia habitacional quede bloqueada —o, en el mejor de los casos, condicional— por el cálculo político de una formación con siete escaños dice mucho sobre la solidez real de la mayoría que sostiene a Sánchez.

Desde el punto de vista de la gestión, el escenario también plantea preguntas legítimas sobre la estrategia del Ejecutivo al optar por la vía del decreto, en lugar de buscar acuerdos parlamentarios que hubieran dado mayor estabilidad a las medidas. Legislar por real decreto para luego depender de terceros en la convalidación es un método que el Gobierno ha empleado de forma recurrente durante esta legislatura, con resultados cada vez más inciertos.