Un fotoperiodista ha presentado una denuncia judicial contra los Mossos d'Esquadra después de ser alcanzado por un proyectil de foam durante una manifestación propalestina. El afectado acusa a la Conselleria d'Interior de haber omitido información relevante en el transcurso de la investigación interna abierta tras el incidente, que finalmente se cerró sin que ningún agente asumiera responsabilidad alguna por los hechos.

El fotógrafo, que resultó herido mientras ejercía su labor informativa en la concentración, denunció los hechos a través de los canales internos de la conselleria. Sin embargo, la respuesta institucional fue el archivo del expediente sin consecuencias disciplinarias para los agentes implicados, lo que le llevó a recurrir a la vía judicial como única salida para exigir rendición de cuentas.

Interior cierra el caso sin identificar al responsable del disparo

La decisión de Interior de dar por concluida la investigación sin depurar responsabilidades es el núcleo del conflicto. El fotoperiodista sostiene que la conselleria no fue transparente en el proceso, una acusación grave que apunta a un déficit de control interno sobre el uso de material antidisturbios por parte del cuerpo policial catalán.

El uso de proyectiles de foam por parte de los Mossos ha generado controversia en diversas ocasiones, especialmente en el contexto de manifestaciones donde puede haber periodistas acreditados trabajando. La falta de identificación del agente que disparó y el cierre administrativo del caso sin consecuencias alimentan la percepción de que el cuerpo se protege a sí mismo cuando uno de los suyos hiere a un civil en el ejercicio de sus funciones.

La judicialización del asunto obliga ahora a los Mossos y a la conselleria a defender su actuación ante un tribunal, en un proceso que pondrá a prueba la opacidad con que Interior gestionó el expediente interno. La lesión de un profesional de la información en el ejercicio de su trabajo añade una dimensión especialmente sensible al caso, habida cuenta de que la libertad de prensa y la seguridad de los fotoperiodistas en manifestaciones son garantías que el Estado tiene la obligación de preservar.