El grupo parlamentario de Junts protagonizó este martes uno de los momentos más tensos del debate de política general del Parlament al anunciar que presentará una propuesta de resolución para reprobar a Salvador Illa. Según su presidenta en la cámara, Mònica Sales, se trata de una iniciativa sin precedentes: nunca antes se había pedido formalmente al Parlament que se pronunciara sobre la idoneidad de un president de la Generalitat a través de este mecanismo.

Sales justificó la medida con una batería de críticas a la gestión de Illa durante sus dos años al frente del Govern: la conflictividad laboral en la sanidad y la enseñanza, las protestas del colectivo médico y del cuerpo docente, y lo que calificó como una política de anuncios a largo plazo que no resuelve los problemas del día a día. En su intervención, la diputada de Junts aludió al eslogan gubernamental 'El futuro ya es aquí' para preguntarse qué futuro puede prometer un Govern que, a su juicio, no controla el presente.

Un órdago directo a ERC y Comuns

La maniobra de Junts tiene una lectura política inmediata: no está pensada para prosperar con los votos actuales, sino para forzar a los socios de legislatura del PSC a mojarse públicamente. ERC y los Comuns, que sostienen a Illa sin integrar formalmente su gobierno, se verán obligados a votar a favor o en contra de la reprobación, lo que deja poco margen para la ambigüedad. Sales lo explicó sin rodeos: con esta resolución, dijo, «no valdrán las excusas, solo los votos».

El Govern de Illa depende del apoyo o la abstención de ambas formaciones para mantener la estabilidad parlamentaria. Desde Junts entienden que esa dependencia mutua ha permitido a ERC y Comuns criticar verbalmente al president sin asumir ningún coste. La propuesta de reprobación pretende quebrar ese equilibrio: o se suman a la iniciativa o quedan retratados ante su electorado como garantes de una presidencia que ellos mismos cuestionan en público.

Una propuesta sin efecto vinculante pero con alto valor político

Las resoluciones que se aprueban en el marco del debate de política general no tienen carácter obligatorio para el Govern. Eso significa que, aunque la propuesta de Junts lograra una mayoría —hipótesis hoy por hoy remota—, Illa no estaría jurídicamente obligado a cesar ni a modificar su programa de gobierno. Sin embargo, la simbología política de que el Parlament formalizara un rechazo a la gestión del president tendría un peso institucional innegable.

El anuncio se produjo en un debate que el propio Illa aprovechó para presentar medidas en materia de vivienda, entre ellas la creación de dos fondos públicos orientados a evitar desahucios y a la compra de inmuebles. Esa agenda social del Govern contrasta con el retrato de parálisis e incompetencia que traza Junts, lo que sitúa el enfrentamiento en el terreno de las prioridades y el modelo de gestión, más que en el de las grandes cuestiones identitarias.