La Audiencia Provincial de Barcelona ha aplicado la ley de amnistía a Marta Rovira, exsecretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya, cerrando así la causa que mantenía abierta contra ella por desobediencia en relación con la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. La decisión, anunciada este martes por el propio partido, sigue la misma línea que el tribunal ya ha aplicado a otros dirigentes independentistas procesados por ese mismo delito, que queda expresamente recogido en los supuestos de la norma aprobada en 2024.

El periplo judicial de Rovira arrancó a finales de 2017, cuando el Tribunal Supremo la imputó inicialmente por rebelión y, posteriormente, por sedición. Tras prestar declaración ante el juez Pablo Llarena, quedó en libertad bajo una fianza de 60.000 euros. Sin embargo, cuando el instructor volvió a citarla, Rovira no compareció: alegó falta de garantías y cruzó la frontera hacia Suiza, donde permaneció autoexiliada hasta el verano de 2024, evitando así un previsible ingreso en prisión preventiva. Su retorno a Catalunya fue el que reactivó el procedimiento judicial, paralizado durante años precisamente por su ausencia.

ERC celebra la decisión y achaca al Estado las dilaciones que ella misma provocó

La reacción del partido no se ha hecho esperar: ERC ha celebrado el archivo de la causa, aunque en su comunicado ha aprovechado para reprochar las supuestas «dilaciones» del proceso. La ironía del argumento es difícil de ignorar: fue la propia huida de Rovira a Suiza la que congeló el procedimiento durante casi siete años, y los recursos sucesivos interpuestos por su defensa —a cargo del letrado Iñigo Iruin— también contribuyeron a prolongar el trámite. Atribuir ahora esa demora al Estado roza la desfachatez argumental.

Los republicanos han aprovechado el momento para reclamar la extensión inmediata de la amnistía al resto de encausados independentistas, incluyendo a quienes permanecen fuera de España, con el objetivo, según sus propias palabras, de «restaurar derechos políticos» y abordar el conflicto territorial «sin represión». Rovira también estuvo imputada en el caso Tsunami Democràtic, que acabó sobreseído.

El mismo día, cuatro policías nacionales se sientan en el banquillo por las cargas del 1-O

La fecha en que se conoce la amnistía de Rovira coincide con el noveno aniversario del referéndum ilegal y, precisamente este jueves, cuatro agentes de la Policía Nacional comparecerán ante la Audiencia de Barcelona acusados de lesionar al activista Roger Español, quien perdió un ojo a causa del impacto de una pelota de foam durante las cargas policiales de aquella jornada. En este caso, el tribunal rechazó aplicar la amnistía a los funcionarios: la ley excluye expresamente los actos dolosos que hayan causado la pérdida o inutilización de un órgano, miembro o sentido. Los agentes piden su absolución argumentando que actuaron en cumplimiento de su deber; las acusaciones solicitan penas de hasta trece años de prisión por lesiones y torturas.