El Ejecutivo de Pedro Sánchez trabaja en un decreto ley de carácter extraordinario que permitiría devolver a Marruecos a los migrantes llegados a Ceuta el pasado 30 y 31 de julio, incluso si tienen solicitudes de asilo en trámite. La medida, confirmada este miércoles por el secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, está aún en fase de elaboración y su aprobación en el próximo Consejo de Ministros no está garantizada.

El nudo que el decreto pretende cortar es conocido: mientras una petición de asilo se encuentra en tramitación, o mientras existe la posibilidad legal de recurrir una resolución denegatoria, los solicitantes cuentan con garantías jurídicas que impiden materialmente su expulsión. España ha acumulado así un número considerable de expedientes en Ceuta sin capacidad inmediata de ejecutar retornos. La nueva norma reduciría los plazos tanto en la vía administrativa como en la judicial, y se aplicaría exclusivamente a las solicitudes presentadas en esa ciudad autónoma desde el cruce masivo de julio.

Marruecos como destino: el acuerdo diplomático que sustenta la medida

El decreto solo tiene sentido si Rabat acepta readmitir a esas personas, lo que convierte la eficacia de la norma en una cuestión tanto jurídica como diplomática. La colaboración marroquí ha sido históricamente irregular y dependiente del estado de las relaciones bilaterales, por lo que la aplicación práctica del mecanismo estará condicionada a ese factor externo, sobre el que el texto legal no tiene ningún control directo.

López defendió la iniciativa en términos inequívocos: «El Gobierno está volcado en devolver la normalidad a Ceuta». Al tiempo, aprovechó la comparecencia ante los medios para cargar contra PP y Vox por haber participado en una manifestación en Madrid para protestar por la gestión del Gobierno en la crisis migratoria, acusándoles de acudir «con la ultraderecha a insultar» en lugar de contribuir a soluciones. El ministro fue presentado ese mismo día como candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, lo que añade un componente de campaña a unas declaraciones que, en cualquier caso, confirman la existencia del decreto.

Una respuesta tardía a una crisis que acumula semanas

Han transcurrido más de dos meses desde el cruce masivo de julio y el Gobierno recién ahora pone sobre la mesa un instrumento legal específico. Esa dilación es un dato objetivo que el decreto no puede borrar. Ceuta lleva semanas reclamando medidas concretas, y la respuesta institucional se ha movido entre promesas genéricas y negociaciones diplomáticas de resultado incierto. Si la norma acaba aprobándose, su valor real dependerá de la celeridad con que los tribunales asuman la reducción de plazos y de la disposición marroquí a recibir a los retornados, dos variables que el decreto por sí solo no resuelve.