Claves
- La ONU denuncia que la ley española carece de un análisis de proporcionalidad en desahucios
- El caso de Maricarmen, 87 años, desahuciada en Madrid, es el detonante de la crítica internacional
- El organismo ya había advertido en junio del riesgo de este desalojo concreto
- El reproche apunta a un déficit estructural del ordenamiento jurídico español
Naciones Unidas ha vuelto a pronunciarse sobre los desahucios en España, y lo ha hecho con una crítica directa al marco legal vigente. Veinticuatro horas después de ejecutarse el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que fue desalojada de su vivienda en Madrid generando una honda conmoción social, el organismo internacional denunció que la legislación española no garantiza un análisis de proporcionalidad individualizado en estos procedimientos. Una carencia que, a juicio de la ONU, resulta incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos.
No es la primera vez que la ONU se fija en este caso concreto. Ya el pasado mes de junio, el organismo se había pronunciado sobre la situación de Maricarmen antes de que se produjera el desalojo, advirtiendo de los riesgos que suponía para una persona de avanzada edad. Su advertencia no fue atendida, y el desahucio se ejecutó igualmente este miércoles, desencadenando protestas y un debate político de urgencia en todo el Estado.
Una ley que no distingue circunstancias personales
El reproche de fondo que formula la ONU apunta a un defecto estructural del ordenamiento jurídico español: los procedimientos de desahucio no contemplan de forma sistemática un examen que pondere las circunstancias particulares del afectado —edad, estado de salud, situación económica, alternativa habitacional— antes de ejecutar el lanzamiento. La ausencia de ese filtro individualizado es lo que el organismo identifica como falta de proporcionalidad.
Este tipo de señalamiento desde instancias internacionales no es nuevo en España, pero adquiere especial peso cuando va acompañado de un caso con tanto impacto mediático y emocional como el de esta mujer madrileña. La imagen de una anciana de 87 años abandonando su hogar ante los medios de comunicación puso en primer plano una realidad que las estadísticas de desahucios llevan años reflejando sin despertar la misma atención.
El caso reabre también el debate sobre la efectividad real de las medidas de protección habitacional aprobadas en los últimos años en España, que en la práctica han mostrado reiteradamente sus límites cuando se trata de personas mayores o en situación de especial vulnerabilidad. La ONU, con su pronunciamiento, exige una revisión legislativa que incorpore ese análisis caso por caso antes de que se produzca el desalojo.
