La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha salido a la palestra con una agenda propositiva tras la tormenta institucional que sacudió a su departamento con la marcha de Josep Lluís Trapero, el mayor de los Mossos d'Esquadra que el presidente Salvador Illa había convertido en uno de sus fichajes más simbólicos. La respuesta de Parlon ha sido proyectar hacia adelante: reforma del Código Penal y una ofensiva policial específica contra las bandas juveniles que operan en Catalunya.

En el plano concreto, la consellera ha anunciado que impulsará gestiones para endurecer el marco penal aplicable a las organizaciones criminales de jóvenes, un fenómeno que en los últimos meses ha concentrado una atención creciente en las grandes ciudades catalanas. La propuesta incluye reforzar el cerco policial sobre estas estructuras, aunque Parlon no ha detallado los instrumentos operativos ni los plazos previstos para articular estas medidas.

El silencio sobre Trapero, el verdadero foco de la crisis

Lo que Parlon no ha aclarado es lo que más interesa: por qué se fue Trapero. El major, considerado un fichaje de alto valor político para el Govern del PSC —dado su perfil, su historia y el peso simbólico de su figura—, ha abandonado el cargo sin que la consellera haya ofrecido una explicación convincente. Parlon se ha limitado a prometer «continuidad» en la dirección policial, una fórmula que en el lenguaje institucional suele significar que no hay nada más que decir, al menos de momento.

La opacidad sobre las razones reales de la salida de Trapero es, en sí misma, un problema de gestión. Un departamento que administra la principal fuerza policial autonómica —con más de 17.000 agentes— no puede permitirse una crisis de dirección sin dar cuenta pública de ella. La falta de transparencia refuerza la percepción de que Interior atraviesa tensiones internas que el Govern prefiere no ventilar.

Una agenda de seguridad que llega con retraso

El anuncio sobre bandas juveniles y reforma penal podría ser una hoja de ruta sólida si viniera acompañada de una estrategia detallada. En su ausencia, corre el riesgo de interpretarse como un ejercicio de gestión de imagen: poner el foco en medidas de futuro para desviar la atención de una crisis presente. Catalunya lleva años con el fenómeno de las bandas juveniles como asignatura pendiente, y las respuestas institucionales han sido, hasta ahora, más reactivas que preventivas.

La reforma del Código Penal, por otro lado, es competencia del Estado, no de la Generalitat. Parlon puede reclamarla y presionar al Gobierno central, pero no ejecutarla. Eso convierte parte de su anuncio en una declaración de intenciones cuya materialización depende de actores ajenos al Govern.