Las fuerzas de seguridad turcas han llevado a cabo en los últimos días una operación policial de gran envergadura contra la comunidad LGBTI en al menos cinco ciudades del país —Estambul, Ankara, Esmirna, Mersin y otras localidades—, con redadas simultáneas en bares, sedes de organizaciones y domicilios particulares de activistas. El balance provisional arroja 63 detenidos y 162 personas bajo investigación formal, según cifras facilitadas por la fiscalía.

La ofensiva no se ha limitado a las detenciones. Las autoridades han intervenido también contra nueve asociaciones y trece empresas vinculadas al colectivo, y han procedido al bloqueo de las páginas web de varias entidades LGBTI, en lo que los observadores de derechos humanos califican como uno de los episodios más graves de la presión sistemática que el gobierno de Recep Tayyip Erdoğan mantiene contra este colectivo desde hace más de una década.

Una represión que se ha ido intensificando desde 2015

Turquía prohibió el desfile del Orgullo en Estambul por primera vez en 2015, poniendo fin a una década de celebraciones que habían convertido a la ciudad en referente de la diversidad en Oriente Próximo. Desde entonces, las restricciones se han ido endureciendo de forma progresiva: concentraciones disueltas por la policía, activistas procesados y, ahora, una operación coordinada a escala nacional que apunta directamente a la estructura organizativa del movimiento.

El alcance simultáneo de las redadas en varias ciudades y la inclusión de empresas y asociaciones como objetivos sugieren que se trata de una acción planificada con el objetivo de desarticular redes de apoyo y no solo de sancionar conductas individuales. El bloqueo de webs añade una dimensión de censura digital que refuerza esa lectura.

La operación se produce en un momento en que Erdoğan lleva años haciendo de la retórica contra el colectivo LGBTI un eje de su discurso político conservador e islamista, presentando los derechos de este colectivo como una amenaza a los valores familiares y nacionales turcos. Organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado reiteradamente este deterioro.