Más de un mes después de que 70.000 personas cruzaran masivamente la frontera de Ceuta a finales de julio, la única baja política ha sido la del jefe de gabinete del delegado del Gobierno en la ciudad, Gonzalo Sanz, que presentó su dimisión el viernes. Para el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ese gesto es absolutamente insuficiente: «Es una broma que más de un mes después del asalto en Ceuta solo haya dimitido un asesor», afirmó durante una visita a Vigo.

La salida de Sanz tiene además, a juicio del PP, una lectura que va más allá del cargo en sí: el propio dimitido había reconocido que transmitió a sus superiores los avisos recibidos del CNI sobre la posibilidad de un cruce masivo inminente. Para los populares, eso prueba que los ministerios competentes estaban al corriente de la amenaza con días de antelación, lo que contradice la versión que el Gobierno ha sostenido públicamente durante semanas.

Una doble responsabilidad: Marruecos y el Ejecutivo de Sánchez

El PP sostiene que la crisis de Ceuta tiene dos responsables principales. Por un lado, Marruecos, al que acusa de haber participado en la organización del cruce «por acción u omisión». Por otro, el Gobierno español, al que imputa haber ignorado las alertas de los servicios de inteligencia. El partido se ha personado en la causa que instruye la Audiencia Nacional, aunque la eventual responsabilidad penal de miembros del Ejecutivo correspondería, por aforamiento, al Tribunal Supremo.

Sémper también se refirió al comunicado emitido por Marruecos el jueves pasado, en el que el reino alauí criticó al PP. El portavoz lo interpretó como señal de que Rabat percibe un cambio político en el horizonte: «El Gobierno de Marruecos sabe que con Feijóo la posición política de España no va a ser la misma que la de Pedro Sánchez». En la misma intervención, advirtió de que las reclamaciones marroquíes sobre la soberanía de Ceuta, Melilla y Canarias constituyen «una agresión a España» que el actual Gobierno deja sin respuesta.

Estrategia comedida del PP: evitar la sobreactuación mientras aprietan

Según la información disponible, la dirección nacional del PP ha trasladado a sus barones territoriales una instrucción clara: unificar el mensaje y evitar declaraciones improvisadas. La cúpula popular da por hecho que todavía quedará información sensible por desclasificar y prefiere que el desgaste se concentre en el Ejecutivo antes que verse arrastrada por un relato propio que pueda volverse en su contra.

Este tono calculado los diferencia de Vox, que ha pedido directamente la ruptura de relaciones diplomáticas con Rabat. Con todo, el episodio de Ceuta ha servido para estrechar los lazos entre ambos partidos: fuentes citadas en la información señalan que el contacto entre Abascal y Feijóo es actualmente «permanente». De hecho, el PP respaldó ayer en las Cortes de Castilla y León una iniciativa de Vox que exige al Gobierno precisamente esa ruptura de relaciones.