La Audiencia Nacional ha dado un paso formal para investigar judicialmente la crisis migratoria que sacudió Ceuta a finales de julio, cuando miles de personas cruzaron la frontera en un lapso de tiempo inusualmente corto. La magistrada María Tardón ha resuelto que el tribunal tiene competencia para abrir diligencias y examinar si los hechos constituyen un delito contra la paz o la independencia del Estado, un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y un delito de organización criminal.

La decisión de Tardón se apoya en dos informes previos elaborados por la Policía Nacional española, en los que los agentes señalaban una actitud pasiva —o directamente permisiva— por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes durante el episodio. Esa lectura policial es la que ha abierto la puerta a que la causa tenga dimensión de seguridad del Estado, lo que justifica la jurisdicción del tribunal central frente a los juzgados ordinarios.

Tres líneas de investigación con alcance muy distinto

Los tres tipos penales que la jueza considera plausibles tienen implicaciones muy diferentes. El delito contra la paz o la independencia del Estado es el más grave y el de consecuencias diplomáticas más sensibles, ya que implicaría analizar si Marruecos utilizó la presión migratoria como instrumento de coerción política hacia España. La investigación sobre los derechos de los extranjeros afectaría a la cadena de organización del cruce: quiénes facilitaron, coordinaron o lucraron con el paso masivo. La hipótesis de organización criminal permitiría, en paralelo, desmantelar las redes que pudieran haber operado como infraestructura logística del éxodo.

El primer movimiento judicial concreto, según la información disponible, ha sido precisamente la declaración de competencia: Tardón ha optado por no inhibirse y asumir la instrucción. A partir de ahí, la investigación deberá determinar qué actores —estatales o privados, españoles o extranjeros— tuvieron un papel activo o negligente en los hechos, y si ese papel tiene encaje en alguno de los tipos penales señalados.

Un caso con aristas diplomáticas de difícil resolución

La apertura de esta causa judicial coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una situación delicada. Cualquier avance de la instrucción que apunte a una actuación deliberada de las autoridades marroquíes tensaría aún más una relación bilateral ya de por sí compleja, marcada por episodios de presión en la frontera de Ceuta que se han repetido cíclicamente. Al mismo tiempo, archivar o limitar el alcance de la investigación resultaría difícil de justificar ante la opinión pública a la vista de los informes policiales que ya obran en poder del tribunal.

La jueza Tardón deberá también resolver si la instrucción puede avanzar más allá del territorio español, dado que parte de los hechos investigados —la supuesta pasividad o connivencia marroquí— ocurrieron en suelo ajeno a la jurisdicción española, lo que añade una capa adicional de complejidad procesal al caso.