Una nueva crisis migratoria en Ceuta ha dejado al menos 19 víctimas mortales en las últimas horas, tras la entrada masiva de miles de personas desde la costa marroquí. La tragedia ha reavivado el debate político en España, con sectores de la derecha y la ultraderecha señalando directamente al proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno central como supuesto detonante de la llegada masiva de migrantes.

La reacción no se hizo esperar. Desde la derecha se argumentó que conceder la residencia legal a más de 500.000 personas en situación irregular equivale a enviar una señal de llamada a quienes intentan cruzar el Estrecho de manera clandestina, y que esa señal alimenta, a su vez, las redes de tráfico de seres humanos que operan desde el norte de África.

Por qué ese argumento no se sostiene en los datos

Sin embargo, la vinculación entre ambos fenómenos presenta problemas de fondo difíciles de ignorar. Los procesos de regularización extraordinaria no son nuevos en España: el más conocido fue el de 2005, bajo el Gobierno de Zapatero, que afectó a cerca de 700.000 personas. En aquel momento también se elevaron advertencias sobre un posible efecto llamada, pero los estudios posteriores no encontraron una relación causal directa entre la regularización y un aumento sostenido de las llegadas irregulares. Las rutas migratorias responden a factores estructurales —inestabilidad política, pobreza, cambio climático, presión demográfica en el Sahel— que operan con independencia de las decisiones administrativas de Madrid.

Además, el proceso de regularización actualmente en marcha en España se dirige a personas que ya residen en el país, no a quienes están en tránsito en Marruecos o en otros países de origen. La equiparación entre quienes ya viven integrados en España desde hace años y quienes intentan cruzar la frontera en patera o a nado simplifica hasta la distorsión una realidad jurídica y humana notablemente más compleja.

El papel de Marruecos y la presión fronteriza

Las crisis recurrentes en Ceuta tienen un componente geopolítico que los análisis centrados en la política migratoria española suelen dejar en segundo plano. Marruecos ha demostrado en diversas ocasiones su capacidad para modular el flujo de personas hacia los enclaves españoles en función de la temperatura de sus relaciones diplomáticas con Madrid. La crisis de mayo de 2021, la más grave en términos de número de llegadas hasta entonces, coincidió con una tensión diplomática de primer orden entre ambos países. La situación actual requeriría un análisis similar sobre el estado de esas relaciones bilaterales para entenderse en toda su dimensión.

Que la tragedia humana de las 19 muertes confirmadas se instrumentalice en el debate político antes incluso de que se conozcan todos los detalles de lo ocurrido dice algo del clima en que se discute la migración en España. El rigor exige separar el debate sobre la regularización —legítimo y necesario, con argumentos a favor y en contra— de la explicación de una crisis fronteriza cuyos resortes son bastante más complejos que una norma administrativa.