Los resultados de Catalunya en el informe PISA esconden un problema más grave que una simple anomalía estadística. Casi uno de cada cuatro alumnos seleccionados para participar en las pruebas quedó excluido de ellas, una tasa de exclusión que supera con creces los umbrales que la propia OCDE considera aceptables para garantizar la fiabilidad de los datos. El efecto inmediato es que la muestra pierde representatividad. Pero la pregunta que debería incomodar a los responsables de la política educativa catalana es otra: ¿quiénes son esos alumnos que el sistema considera inaptos para ser evaluados?

La respuesta apunta, de forma sistemática, hacia los estudiantes con necesidades educativas especiales, los alumnos recién llegados con escaso dominio de las lenguas vehiculares y, en general, los perfiles más vulnerables del sistema. Son, precisamente, los mismos jóvenes a los que el Departament d'Educació dice querer integrar bajo el paraguas de la educación inclusiva. El resultado es una paradoja difícil de ignorar: un modelo que proclama la inclusión como principio rector acaba produciendo una tasa de exclusión que distorsiona la foto del sistema y, de paso, la oculta.

Una exclusión que maquilla el rendimiento real

Cuando se retiran de la muestra los alumnos con más dificultades, los resultados medios mejoran artificialmente. No porque el sistema funcione mejor, sino porque los datos que pesan hacia abajo han desaparecido de la ecuación. Eso significa que los indicadores con los que el Govern evalúa, defiende o critica su propia gestión educativa parten de una base que no refleja la realidad del aula. Las políticas se diseñan sobre un diagnóstico incompleto, y los recursos se asignan en función de un problema que, sobre el papel, parece menos grave de lo que es.

La exclusión de alumnos en pruebas estandarizadas no es un fenómeno exclusivo de Catalunya, pero la magnitud del caso catalán —con ese casi 25% de estudiantes apartados— lo convierte en un outlier que merece una explicación pública y detallada por parte del Departament d'Educació. Hasta ahora, esa explicación no ha llegado con la transparencia que el asunto exige. El debate se ha centrado en si los datos son o no comparables con los de otras comunidades autónomas o países, eludiendo la pregunta de fondo sobre qué tipo de inclusión se está practicando realmente en los centros.

El modelo inclusivo catalán, bajo el foco

Catalunya lleva años apostando por un modelo de escuela inclusiva que, en teoría, integra en el aula ordinaria a alumnos que en otros sistemas serían derivados a centros de educación especial. El enfoque tiene defensores sólidos y respaldo pedagógico internacional. Pero su aplicación exige recursos, formación docente y apoyos dentro del aula que, según denuncian de forma reiterada los propios maestros y las asociaciones de familias, no llegan en la cantidad ni en la forma necesarias. Un modelo inclusivo mal financiado o mal implementado no produce inclusión real: produce alumnos que están en el aula ordinaria pero no pueden seguir el ritmo, y que luego quedan fuera de cualquier evaluación que mida ese mismo ritmo.

El fiasco de PISA, en ese sentido, no es un accidente técnico. Es el síntoma visible de una tensión no resuelta entre el discurso oficial sobre la inclusión y las condiciones materiales en las que esa inclusión debe producirse. Mientras el Govern no aborde esa brecha con datos, presupuesto y medidas concretas, el sistema catalán seguirá midiendo solo a los alumnos que puede permitirse medir.