Coordinadora de Barrios ha denunciado que más de 500 menores migrantes permanecen en situación de calle en Ceuta desde la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio, casi cuatro meses después de aquel episodio. La ONG acusa al Gobierno de la Ciudad Autónoma de haber suspendido los traslados de estos menores a la Península no por razones logísticas o jurídicas, sino como estrategia de presión y disuasión frente a nuevas llegadas.

Patricia Fernández Vicens, abogada de la organización, ha subrayado que la situación de emergencia que pudo justificar una respuesta excepcional en el momento de la entrada masiva ya no existe. En consecuencia, considera que estos menores deberían estar bajo protección formal desde hace tiempo, y rechaza lo que denomina una «dinámica de no acogida» que se ha instalado en Ceuta como norma de gestión.

Una situación distinta a la de Melilla

La abogada ha distinguido el caso ceutí del de Melilla, donde también hay decenas de menores en la calle, pero por razones diferentes. En la ciudad autónoma del sur, muchos de los niños y niñas que se encuentran en situación irregular han huido voluntariamente del sistema de protección de menores porque, según Fernández Vicens, este no da respuesta a sus necesidades reales. Ante esa falta de atención adecuada, intentan llegar a la Península por sus propios medios, con frecuencia escondiéndose en embarcaciones como polizones.

Coordinadora de Barrios reclama que se respeten en ambas ciudades las ratios legales de protección a la infancia migrante. La organización advierte de las «muchísimas y enormes dificultades» que atraviesa el sistema de acogida y pide que la respuesta institucional se ajuste a los estándares exigibles con cualquier menor en situación de desamparo, con independencia de su origen o de la forma en que haya llegado al territorio español.