El Tribunal Constitucional ha dado por cerrado el ciclo judicial abierto en torno a la ley de amnistía. El pleno del alto tribunal desestimó este jueves el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Extremadura, el último de los pendientes, con lo que la norma queda definitivamente blindada frente a cualquier impugnación de carácter constitucional.

Con esta resolución, el TC ha resuelto un total de dieciséis recursos de inconstitucionalidad y seis cuestiones de inconstitucionalidad, un volumen de impugnaciones que refleja la profunda controversia jurídica y política que generó la aprobación de la ley. Ninguno de ellos ha prosperado.

Una ley que acumuló 22 impugnaciones sin éxito

La magnitud del rechazo inicial a la norma —con comunidades autónomas de distinto signo político sumándose a los recursos— no encontró eco en la doctrina del Constitucional, que en todos los casos ha avalado la compatibilidad de la ley con el texto constitucional. La Junta de Extremadura, gobernada por el PP, era el último ejecutivo autonómico que mantenía viva su impugnación. Su desestimación pone punto final a una batalla jurídica que se prolongó desde la aprobación parlamentaria de la norma.

La ley de amnistía, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez con los votos de los partidos independentistas catalanes como condición para la investidura, había sido objeto de un escrutinio judicial sin precedentes recientes en la historia constitucional española. La avalancha de recursos llegó tanto desde comunidades del arco constitucionalista como desde instancias judiciales que plantearon dudas sobre su encaje legal. El resultado final es que el Constitucional no apreció tacha de inconstitucionalidad en ninguno de los frentes abiertos.