El empresario Julio Martínez compareció ante el juez instructor del caso Plus Ultra sin lograr despejar una de las incógnitas centrales del procedimiento: cuál fue exactamente el papel del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el proceso que culminó con el rescate público de la aerolínea venezolana durante la pandemia. Martínez ratificó que el exmandatario socialista ejerció como mediador para conseguir financiación para la compañía, pero reconoció ante el magistrado que desconoce la retribución que Zapatero habría percibido por esas gestiones.

La declaración deja en un limbo incómodo la figura del expresidente. Que Zapatero actuó como intermediario es un extremo que el propio empresario confirma bajo juramento, lo que refuerza la tesis de la investigación sobre la existencia de influencias externas en la decisión de rescatar a Plus Ultra con dinero público. Que nadie sepa —o quiera decir— cuánto cobró por ello es precisamente el flanco que el juez trata de esclarecer.

Un rescate de 53 millones que siempre generó dudas

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en 2021 una inyección de 53 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para salvar a Plus Ultra Líneas Aéreas. La decisión levantó críticas desde el primer momento: la aerolínea tenía una cuota de mercado marginal, su vinculación con Venezuela era notoria y varios informes técnicos habían cuestionado su viabilidad real como empresa estratégica.

La instrucción judicial, que investiga presuntos delitos de malversación y prevaricación, se centra precisamente en si esa declaración de «empresa estratégica» respondió a criterios objetivos o si medió algún tipo de presión o influencia indebida. La figura de Zapatero, que mantiene relaciones fluidas con el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro y que ha actuado en diversas ocasiones como interlocutor en conflictos relacionados con ese país, aparece en ese contexto como un elemento clave que la investigación no ha podido cerrar del todo.

El hecho de que el empresario Martínez confirme la mediación del expresidente pero no pueda —o no quiera— precisar las condiciones económicas de ese encargo deja la declaración a medio camino entre la revelación y la evasión, y obliga al instructor a seguir tirando del hilo para determinar si hubo retribuciones y, en ese caso, quién las sufragó y de qué fondos procedían.