La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha resuelto que Renfe debe permitir a Ouigo el acceso a sus instalaciones de mantenimiento de Cerro Negro/Santa Catalina y Fuencarral, en Madrid, y de Can Tunis, en Barcelona. El regulador concluye que las restricciones impuestas por Renfe Mantenimiento al operador ferroviario de capital francés incumplen la Ley del Sector Ferroviario y constituyen un trato discriminatorio.

El conflicto tiene su origen en un acuerdo de reserva de capacidad que, en enero de 2025, pasó a ser plurianual con vigencia hasta 2030, después de que Renfe Mantenimiento ofreciera descuentos a todos los operadores ferroviarios a cambio de compromisos de mayor duración. Meses más tarde, Renfe redujo la capacidad asignada a Ouigo argumentando que determinadas operaciones debían clasificarse como mantenimiento pesado y no podían realizarse en talleres de mantenimiento ligero.

El regulador rechaza la distinción alegada por Renfe

La CNMC no ha aceptado ese argumento. Según la resolución, las operaciones en cuestión consisten en el desmontaje y montaje de componentes que se reparan fuera de los talleres, lo que las convierte en servicios básicos de mantenimiento a los que cualquier operador tiene derecho a acceder en las instalaciones existentes. El elemento que refuerza esta conclusión es que Renfe Mantenimiento sí adjudicó capacidad a Renfe Viajeros —la filial del grupo que opera los trenes de pasajeros— para intervenciones técnicamente equivalentes, lo que evidencia el trato desigual denunciado por el regulador.

La resolución también impone obligaciones a Ouigo: la empresa deberá proporcionar a Renfe Mantenimiento información detallada sobre sus necesidades de mantenimiento, con el fin de que la gestión de la capacidad de los talleres pueda planificarse con criterios objetivos y se prioricen las operaciones más frecuentes e imprescindibles para la operativa diaria.

Un conflicto que ya tiene antecedentes sancionadores

No es la primera vez que la CNMC choca con Renfe por este asunto. El regulador ya abrió un expediente sancionador contra la empresa pública al comprobar que tampoco facilitaba a Iryo el acceso a sus talleres de reparación, pese a haber recibido una resolución previa que se lo exigía. Renfe calificó aquella obligación de «desproporcionada» y alegó que la denegación obedecía a que Iryo no había trasladado sus necesidades de mantenimiento.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha salido en varias ocasiones en defensa de Renfe y ha criticado abiertamente la posición de la CNMC. En declaraciones a Europa Press, llegó a afirmar que los operadores privados no pueden «parasitar» la infraestructura industrial de la empresa pública y planteó como alternativas que invirtieran en sus propias instalaciones o que trasladaran sus trenes al país de origen para su mantenimiento, del mismo modo que, según él, hace Renfe con su material rodante en Francia.