Salvador Illa vinculó este martes las elecciones generales del 29 de noviembre al futuro del autogobierno catalán, al afirmar que el resultado determinará si España tendrá un gobierno que lo impulse o uno que lo limite. Lo dijo en el acto de presentación del Informe Autogovern 2025, organizado por el Institut d'Estudis de l'Autogovern (IEA) en el Palau Centelles de Barcelona, junto al conseller de Justicia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, y el director del IEA, Xavier Arbós.

El president habló de un «riesgo real de un ataque directo al autogobierno» que, en su opinión, no se había dado en los últimos años. Sin identificar partidos concretos, Illa consideró que hay planteamientos políticos activos que cuestionan el modelo autonómico: «No se puede gobernar España negando la riqueza que significa el autogobierno», afirmó.

Cincuenta años de autogobierno como argumento

El president repasó el recorrido de las instituciones catalanas desde la Transición, evocando el regreso del expresident Josep Tarradellas del exilio —cuyo aniversario se cumplirá el año próximo— como punto de arranque de una etapa que calificó de éxito. Definió el modelo resultante como «casi federal» y subrayó que Catalunya es hoy uno de los territorios con mayor nivel de autogobierno dentro de España.

Para ilustrar su argumento, Illa enumeró ámbitos donde el autogobierno permite políticas diferenciadas: el Código Civil catalán, que habilita fórmulas de compra compartida de vivienda no disponibles en el resto del Estado; los Mossos d'Esquadra como cuerpo propio de seguridad; la gestión de infraestructuras; la política educativa; o la acción exterior de la Generalitat.

Responsabilidad fiscal y de gestión, como contrapeso

Junto a la advertencia política, Illa lanzó un mensaje de exigencia interna: el autogobierno requiere, según dijo, asumir responsabilidades en lugar de escudarse en la queja. Citó expresamente la fiscalidad, la gestión de emergencias, la vivienda y la seguridad como terrenos donde la Generalitat no puede eludir su parte. «Sentido de país y no cultura de la queja y la confrontación», resumió, en una frase que sus propios socios de gobierno —ERC y los Comuns— podrían también tomar como interpelación directa.

El president defendió que el camino del autogobierno debe transitar por «la razón frente a la desrazón, el derecho y la ley frente a la imposición, y la colaboración institucional frente a la confrontación», en una formulación que marca distancias tanto con el relato independentista de los años del procés como con quienes propugnan una España más centralizada.