El regreso de Carles Puigdemont a Cataluña queda descartado para este mes de julio, incluso en el escenario más favorable para sus intereses jurídicos. Su propio abogado, Gonzalo Boye, le ha recomendado que permanezca en su residencia de Waterloo aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie a su favor el próximo 16 de julio sobre la aplicación de la ley de amnistía. Según fuentes próximas al expresidente, este seguirá el consejo al pie de la letra.

El motivo es concreto: el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena mantiene activa la orden de detención y entrega en territorio nacional. Mientras esa instrucción no se levante, la presencia de Puigdemont en suelo español comportaría su detención inmediata por parte de las fuerzas de seguridad. Su entorno lo tiene claro: cruzar la frontera en esas condiciones no tiene sentido, aunque el pronunciamiento del tribunal europeo le resulte favorable. La única ocasión en que el expresidente pisó España desde su huida en 2017 fue en agosto de 2024, cuando logró entrar y salir del país sin ser interceptado.

El TJUE dictará sentencia el 16 de julio, pero la última palabra sigue en manos del Supremo y el Constitucional

La Gran Sala del TJUE resolverá el 16 de julio las cuatro cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales españoles sobre la compatibilidad de la ley de amnistía con el derecho comunitario. El pasado noviembre, el abogado general Dean Spielmann avaló en líneas generales la norma, descartando que constituyera una autoamnistía o que vulnerara la legislación europea en materia de terrorismo o de protección de los intereses financieros de la UE, si bien señaló posibles incompatibilidades menores que, a su juicio, no afectarían al caso del expresidente.

La defensa de Puigdemont confía en que el TJUE seguirá ese mismo criterio. Sin embargo, la confianza se diluye en cuanto se mira hacia los tribunales españoles. En el entorno del líder de Junts se insiste en que el pronunciamiento europeo y lo que decidan posteriormente el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional son dos cosas distintas, y que los plazos de aplicación de la amnistía en España están siendo, a su juicio, artificialmente prolongados.

Junts acusa al Gobierno de instrumentalizar la amnistía y anticipa un nuevo bloqueo presupuestario

La desconfianza en Junts no se limita al poder judicial. El partido también apunta al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusa de utilizar la tramitación de la amnistía como palanca de presión en la negociación política. Fuentes del partido a nivel directivo sostienen que el Tribunal Constitucional, cuya mayoría progresista podría pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley una vez dictamine el TJUE, retrasará su decisión hasta el otoño con el objetivo de condicionar el apoyo de Junts a los presupuestos generales del Estado para 2027. La formación descarta frontalmente ese escenario: niegan que vayan a facilitar las cuentas de Sánchez y rechazan que esa presión vaya a modificar su posición.

Esta dinámica pone de relieve las tensiones acumuladas entre Junts y el PSOE desde la investidura de 2023, cuando el retorno de Puigdemont fue planteado como una condición relevante en las negociaciones. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en su papel de mediador informal de Moncloa, llegó a trasladar al entorno del líder independentista que el regreso podría producirse aquel mismo verano. Esa promesa, como otras anteriores, no se ha cumplido, y en Junts ya no otorgan crédito a los compromisos verbales de sus socios en Madrid.

El resultado es que Puigdemont lleva más de siete años en Bélgica y su retorno a Gerona, aspiración reiterada tanto por él como por su partido, depende de una cadena de decisiones judiciales e institucionales cuyo ritmo no controla ninguna de las partes que lo reclaman. La sentencia del TJUE del próximo martes abrirá un nuevo capítulo, pero difícilmente cerrará el caso.