El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha respaldado sin matices la ley de Amnistía aprobada por el Congreso español en mayo de 2024. La resolución, hecha pública en Luxemburgo, concluye que la norma contribuye a la reconciliación en España, no contraviene el ordenamiento jurídico europeo y no perjudica los intereses económicos de la Unión. El fallo llega en respuesta a cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo español y el Tribunal de Cuentas, y se añade a los veinte pronunciamientos favorables que el Tribunal Constitucional ya había emitido frente a otros tantos recursos de inconstitucionalidad.

El itinerario jurídico de la ley queda así completado con una solidez difícilmente rebatible en el plano formal: voto del Congreso, veinte veredictos del TC —los dos más recientes desestimando los recursos del Gobierno de Aragón y de la Junta de Castilla-La Mancha— y ahora el aval europeo. Ninguna de las instancias que examinaron la norma ha introducido reserva sustancial alguna.

Feijóo cambia de registro y mira hacia Junts

El dato político más llamativo de esta semana no es el fallo en sí, sino el giro de Alberto Núñez Feijóo. Dos semanas antes de que Luxemburgo se pronunciara, el líder del PP declaró en Barcelona que su partido también quería pasar página del procés. El contraste con la posición mantenida durante toda la legislatura es evidente: el PP fue el principal impulsor de los recursos de inconstitucionalidad y uno de los animadores de las protestas callejeras que marcaron 2023 y 2024, incluidas las seis manifestaciones consecutivas y las concentraciones de magistrados con toga ante varias audiencias provinciales.

Detrás del cambio de tono hay un cálculo electoral concreto. Feijóo aspira a que Junts le preste apoyo en una moción de censura que todavía no se ha atrevido a presentar, y busca también ganarse al empresariado catalán y a las clases medias que han simpatizado con el soberanismo. El mismo patrón explica sus recientes desplazamientos al País Vasco para cultivar el vínculo con los empresarios vascos. Los analistas electorales llevan tiempo apuntando que la derrota del PP el 23-J de 2023 se explica en parte por la movilización de última hora de miles de votantes catalanes hacia el PSC, espantados por la amenaza de Vox de aplicar el artículo 155 con mayor contundencia.

Aznar y Vox se desmarcan y piden castigo en la próxima legislatura

El expresidente José María Aznar y Vox se sitúan en la acera opuesta a Feijóo. Frente al giro del líder popular, ambos sostienen que la amnistía debe tener consecuencias políticas en la siguiente legislatura y exigen que el PP no cierre la puerta a revertir o penalizar lo que consideran una cesión inaceptable. La fractura en la derecha española sobre cómo gestionar el cierre jurídico del procés queda así al descubierto.

En ese contexto resulta llamativo el silencio de algunas de las principales cabeceras de Madrid, que optaron por no reflejar el aval del TJUE en sus portadas pese a haber dedicado meses de cobertura intensa a la tramitación de la ley. Cuando el fallo esperado no llega —y en este caso no hubo reparo europeo alguno—, la cobertura desaparece. Es una asimetría informativa que dice más del posicionamiento editorial de esos medios que de la relevancia objetiva del acontecimiento.