Un despliegue de más de veinte furgones de la Unidad de Intervención Policial (UIP) se personó al filo de las ocho de la mañana de este domingo en la explanada del Guano, en Ceuta, para proceder al desalojo de lo que era el último gran asentamiento de migrantes marroquíes que quedaba en la ciudad. El operativo pone fin a la concentración que se había formado allí tras el desmantelamiento previo de los campamentos en las playas del Trampolín y de Benítez.

En el Guano permanecían instaladas desde hacía semanas cerca de un millar de personas, entre ellas alrededor de un centenar de menores, que días atrás se habían manifestado en el mismo enclave para reclamar su traslado a centros de acogida. Todos ellos llevan desde finales de julio en la ciudad, cuando se produjo una entrada masiva durante los días 30 y 31 de ese mes.

Dos destinos posibles: el CATE o la frontera del Tarajal

El procedimiento habitual en estos operativos consiste en ofrecer a los migrantes dos vías: el traslado al Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE), donde son identificados y derivados a dispositivos de acogida temporal mientras se tramitan sus solicitudes de asilo, o bien el retorno voluntario a Marruecos a través del paso fronterizo del Tarajal. En las operaciones anteriores en las playas, alrededor de 1.700 personas fueron evacuadas, y la gran mayoría optó por regresar a su país.

Con todo, el desalojo del Guano no equivale a limpiar por completo las calles de Ceuta de personas en situación irregular. Centenares de migrantes siguen sin un lugar fijo: algunos deambulan por barriadas como El Príncipe o Los Rosales, otros permanecen escondidos en los montes que rodean la ciudad y un número indeterminado reside en pisos patera que las autoridades van desmantelando de forma progresiva.

La sombra de la expulsión frena las regularizaciones

Buena parte de quienes evitan presentarse ante las autoridades son conscientes de que sus posibilidades de obtener asilo son muy reducidas y de que, en caso de recibir una resolución negativa, quedarían sujetos a una orden de expulsión de España con una prohibición de regreso de cinco años. Esa perspectiva lleva a muchos a preferir el retorno voluntario —que no cierra la puerta a intentarlo de nuevo en el futuro— mientras que otros apuestan por permanecer ocultos con la esperanza de cruzar irregularmente a la Península.

Desde principios de agosto, la Guardia Civil ha frustrado varios intentos de cruce ilegal en embarcaciones de recreo. En algunos casos se detuvo a los organizadores, que cobraban a los migrantes por el trayecto; en otros, las propias personas habían adquirido embarcaciones sin patrón para intentar llegar a la costa peninsular por sus propios medios.