Claves
- El TSJM rechaza suspender de urgencia los servicios mínimos ampliados por la Consejería de Educación de Madrid
- CSIF denunciaba que la nueva orden podía cubrir hasta el 90% del horario lectivo en Bachillerato
- El tribunal acorta plazos: la Comunidad de Madrid tiene hasta el 25 de noviembre para alegar
- El auto no entra en si los servicios mínimos vulneran el derecho de huelga; eso se decidirá en el procedimiento ordinario
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la petición del sindicato CSIF de suspender de forma inmediata la orden de la Consejería de Educación que amplía los servicios mínimos durante la huelga indefinida de docentes que se prolonga desde el 14 de octubre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo, en un auto fechado este viernes 20 de noviembre, considera que el sindicato no ha acreditado las circunstancias de «especial urgencia» que exige la vía excepcional de las medidas cautelarísimas.
CSIF había recurrido la Orden 4977/2026, firmada el 17 de noviembre por la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, y publicada ese mismo jueves en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. La norma modifica la regulación de servicios mínimos vigente desde el 7 de octubre y es de aplicación inmediata a todas las jornadas del paro ya en curso. El sindicato argumentó que su aplicación podría provocar una vulneración «consumada e irreparable» del derecho de huelga, al obligar a los docentes designados a impartir clase antes de que el tribunal pudiera pronunciarse por la vía ordinaria.
El foco en Bachillerato: hasta el 90% de horas lectivas cubiertas
CSIF puso especialmente el acento en los servicios mínimos fijados para Bachillerato, donde la nueva orden contempla un profesor por cada tres unidades. Según el sindicato, esa ratio puede llegar a cubrir el 90% del horario lectivo del grupo, lo que calificó de «patente inconstitucionalidad» y acusó a la Consejería de actuar con «intencionalidad manifiesta» para boicotear el seguimiento del paro. Como alternativa, CSIF reclamó que se recuperaran los servicios mínimos de la orden anterior o que se aplicara la doctrina de un auto del propio TSJM del 10 de noviembre, que a su juicio garantizaba la apertura de los centros sin restringir de forma desproporcionada el derecho de huelga.
Los magistrados de la Sección Octava no entraron a valorar si la nueva regulación vulnera o no ese derecho fundamental —eso quedará para el procedimiento cautelar ordinario—, sino únicamente si concurrían los requisitos de urgencia extrema. La Sala rechazó el argumento de que la entrada en vigor inmediata de cualquier orden administrativa sea, por sí sola, causa suficiente para suspenderla sin escuchar antes a la Administración. De aceptarlo, razona el tribunal, prácticamente cualquier acto administrativo ejecutivo podría justificar automáticamente esta vía de urgencia extrema.
El auto también reprochó a CSIF que no concretara qué jornadas de huelga inmediatas se verían afectadas por los nuevos servicios mínimos. Los magistrados añadieron además una distinción relevante respecto al precedente que el sindicato invocaba: el auto del 10 de noviembre resolvía una petición vinculada a una huelga general de una única jornada, circunstancia muy distinta a un paro indefinido activo desde hace más de un mes.
El procedimiento cautelar ordinario continuará con plazos acortados
El rechazo a las medidas cautelarísimas no cierra el debate. La Sala ha ordenado continuar la tramitación del incidente cautelar por el procedimiento ordinario y ha acortado los plazos para agilizar la resolución: la Comunidad de Madrid y el Ministerio Fiscal dispondrán hasta las 15:00 horas del 25 de noviembre para presentar alegaciones. Será entonces cuando el tribunal decida si mantiene la aplicación de la orden o la suspende provisionalmente mientras se resuelve el recurso principal. Contra el auto dictado este viernes no cabe recurso.
La decisión judicial llega al tiempo que la Consejería de Educación ha adoptado nuevas medidas para limitar el uso de las aulas con fines de agitación sindical durante las jornadas de huelga, aunque la información disponible no detalla el contenido concreto de esa regulación.
Esta información se ha elaborado con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial a partir de fuentes informativas contrastables, bajo la responsabilidad editorial de El Riu.


