El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha anunciado este martes que traslada la huelga prevista para el jueves 12 de noviembre en el Grupo Renfe al día 23 del mismo mes. La decisión llega horas después de que el Consejo de Ministros aprobara un Real Decreto-ley de medidas urgentes para reforzar la seguridad operacional en el transporte ferroviario y mejorar la protección social de los trabajadores del sector.

En su comunicado, Semaf valora que el decreto supone un inicio de cumplimiento «con hechos tangibles» de los acuerdos alcanzados previamente con el Ministerio de Transportes. No obstante, el sindicato deja claro que el aplazamiento no implica el fin del conflicto: solo concede, en sus propias palabras, «un margen estricto» a la negociación para que la próxima semana se aprueben y publiquen el resto de acuerdos que siguen pendientes de materialización normativa.

Presión sostenida: el 17 de noviembre, la huelga sigue en pie

El aplazamiento parcial no vacía el calendario de conflictividad. Semaf mantiene intacta la convocatoria de huelga del 17 de noviembre, que afectará a todo el sector ferroviario —tanto operadores como gestores de infraestructura— y no solo al Grupo Renfe. La nueva fecha del 23 se suma a esa movilización si para entonces no se han aprobado y publicado los acuerdos que el sindicato considera pendientes.

El sindicato ha subrayado además que únicamente aceptará compromisos que hayan entrado en vigor de forma efectiva, rechazando los simples acuerdos firmados aunque lleven la rúbrica de un ministro. Es una señal de desconfianza hacia el Ejecutivo que condiciona cualquier avance a la publicación real en el Boletín Oficial del Estado.

El decreto, punto de partida de un desacuerdo más amplio

El Real Decreto-ley aprobado este martes incluye medidas concretas: precisa el cómputo de los tiempos de conducción y refuerza las facultades de supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Se trata, sin embargo, solo de una parte del paquete que reclama Semaf, que lleva meses exigiendo cambios normativos más amplios en materia de seguridad y condiciones laborales.

El conflicto tiene un antecedente inmediato especialmente grave: la huelga del pasado 10 de noviembre acabó en un caos de proporciones notables tras el incumplimiento de los servicios mínimos, dejando sin servicio a más de 653.000 viajeros en toda España. Ese episodio aumentó la presión tanto sobre el sindicato —que encajó críticas por la gestión de los servicios esenciales— como sobre el Gobierno, obligado a acelerar una respuesta normativa.