La Fiscalía de Tetuán ha abierto diligencias penales contra 25 personas en relación con la entrada masiva de migrantes en Ceuta registrada el pasado jueves. Los cargos son variados: organización de cruces fronterizos irregulares, transporte de pasajeros sin la preceptiva licencia, superación de los límites de aforo en vehículos, estancia ilegal en territorio marroquí tras la caducidad del visado, insultos y agresiones a agentes de seguridad, desobediencia a la autoridad y destrucción deliberada de bienes e instalaciones públicas. La información fue recogida por el portal marroquí Hespress.

El Gobierno de Marruecos salió al paso de las críticas el lunes con un comunicado en el que negó haber actuado bajo ningún tipo de presión exterior ni ceder a ningún chantaje, y manifestó su malestar ante las declaraciones de responsables políticos europeos a quienes acusó de utilizar la crisis migratoria con fines electorales. Fuentes diplomáticas marroquíes fueron aún más tajantes al desmentir ante Europa Press cualquier «relajación» en la aplicación de sus políticas migratorias, insistiendo en que todo aquel que intente cruzar la frontera de forma irregular sabe de antemano que será retornado y que Rabat lleva años manteniendo ese compromiso.

La versión de Ceuta y Melilla choca con el relato de Rabat

Los gobiernos de las dos ciudades autónomas españolas llevan días trasladando una lectura opuesta. Tanto Ceuta como Melilla han denunciado públicamente la actitud permisiva de las autoridades marroquíes y argumentan que resulta materialmente imposible que miles de personas se desplazaran hacia la frontera sin que los cuerpos de seguridad del Reino alauita lo detectaran con antelación. La discrepancia entre ambas versiones no es nueva, pero la escala del cruce del jueves le ha dado una dimensión diplomática inusual.

Un patrón que ya se vio en 2024

Lo sucedido esta semana guarda similitudes con un episodio anterior. En 2024, las fuerzas de seguridad marroquíes detuvieron a 60 personas acusadas de haber impulsado a través de las redes sociales una «operación masiva de inmigración ilegal» hacia Ceuta. En aquel caso, la Dirección de Seguridad Nacional de Marruecos identificó una campaña coordinada de mensajes que incitaban a irrumpir en la ciudad autónoma española un domingo concreto de septiembre, difundiendo noticias falsas para animar la movilización. Trece de los arrestados fueron localizados en distintas ciudades marroquíes desde donde gestionaban la convocatoria; el resto fue interceptado cuando llegaba en tren o autobús a Tánger, a unos 75 kilómetros de la frontera, con la intención de completar el trayecto hasta Ceuta. Que dos años después Marruecos vuelva a recurrir al mismo mecanismo judicial pone de manifiesto tanto la recurrencia del fenómeno como las limitaciones de las medidas adoptadas hasta ahora para frenarlo.