La nueva empresa pública Rodalies de Catalunya ha iniciado el proceso de selección para cubrir sus tres primeras plazas directivas, un paso que marca el inicio de la construcción del organigrama con el que la compañía deberá gestionar la red de cercanías transferida por el Estado. La convocatoria, publicada formalmente, es la primera prueba real de que la nueva entidad avanza hacia su plena operatividad.

La creación de Rodalies de Catalunya fue uno de los acuerdos alcanzados en el marco de la negociación política sobre la gestión del servicio de cercanías en Catalunya, históricamente operado por Renfe bajo supervisión estatal. La Generalitat impulsó la constitución de la empresa como fórmula para asumir un control directo sobre un servicio que acumula años de quejas por su deficiente funcionamiento: retrasos crónicos, averías frecuentes y una infraestructura con inversiones pendientes desde hace lustros.

Un proceso de selección para arrancar la estructura de mando

Las tres plazas que se convocan corresponden a puestos de alta dirección, por lo que su cobertura es condición necesaria para que la empresa pueda comenzar a operar con una cadena de mando mínima. Sin esas posiciones cubiertas, la entidad carece de la estructura ejecutiva básica para tomar decisiones de gestión, planificar el servicio o interlocutar con Adif y con Renfe en el proceso de traspaso.

El proceso de transferencia de Rodalies al Govern ha sido largo y complejo, y la puesta en marcha de la nueva empresa pública es uno de los compromisos que la Generalitat asumió para demostrar capacidad de gestión antes de asumir plenamente las competencias operativas. La selección de directivos por convocatoria abierta responde, al menos formalmente, a criterios de mérito y capacidad, aunque desde sectores críticos se ha advertido del riesgo de que los cargos respondan a criterios políticos en lugar de técnicos.

La red de Rodalies mueve a diarios a centenares de miles de usuarios en el área metropolitana de Barcelona y en otras demarcaciones catalanas, lo que convierte su gestión en un asunto de primer orden para la calidad de vida de una parte muy significativa de la población trabajadora de Catalunya.