Catalunya cuenta ya con 8.233.788 habitantes, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE). El incremento respecto al año anterior alcanza las 72.150 personas —unas 32.000 más que hace tan solo seis meses—, lo que supone un ritmo de crecimiento anual próximo al 1%. Sin embargo, esa cifra oculta una realidad demográfica de fondo: sin la aportación de la inmigración exterior, la población catalana estaría en declive.

El dato que mejor ilustra esta dependencia es el del saldo migratorio: en el último año se han incorporado al padrón catalán 90.000 nuevos residentes de nacionalidad extranjera. Eso significa que el grueso del crecimiento poblacional —e incluso la compensación del déficit de nacimientos sobre defunciones— descansa sobre la llegada de personas de fuera. Es una dinámica que lleva años consolidada, pero cuya intensidad no deja de acentuarse.

Casi la mitad de determinadas franjas de edad, de origen extranjero

El fenómeno adquiere una dimensión especialmente llamativa cuando se desglosa por grupos de edad. En algunas franjas etarias, los residentes de nacionalidad extranjera representan casi la mitad del total. Se trata de cohortes generalmente jóvenes o en edad laboral activa, lo que refuerza el peso estructural que tiene la inmigración tanto para el mercado de trabajo catalán como para el sostenimiento del sistema de pensiones y los servicios públicos.

Esta concentración por edades plantea preguntas sobre la capacidad de integración y de provisión de servicios —sanidad, educación, vivienda— que las administraciones deben afrontar con planificación real. La Generalitat, que gestiona competencias clave en todos esos ámbitos, tiene ante sí el reto de acompañar un cambio demográfico acelerado con políticas públicas a la altura, algo que hasta ahora no ha merecido una respuesta proporcional a la magnitud del fenómeno.