El portavoz de Junts per Catalunya en el Parlament, Salvador Vergés, ha planteado que determinadas prestaciones sociales destinadas a personas inmigrantes —entre ellas las relacionadas con el acceso a la vivienda— queden supeditadas a que estos demuestren voluntad e integración efectiva en la sociedad catalana. La propuesta, trasladada en una entrevista a la agencia EFE, traza una distinción entre los derechos que Vergés considera irrenunciables —como la atención sanitaria de urgencia o la escolarización— y aquellas ayudas que, a su juicio, deben funcionar como reconocimiento a quien cumple con los deberes cívicos y legales.

El dirigente de Junts insiste en que la postura de su partido no equivale a la del discurso de expulsión masiva que atribuye a la extrema derecha. A su entender, Catalunya necesita inmigración —la tasa de natalidad de un hijo por mujer fértil hace imposible sostener la demografía sin ella—, pero esa inmigración debe llegar de forma regulada desde el país de origen, con la documentación en regla y orientada a cubrir sectores con valor añadido, no a alimentar una economía de salarios bajos que, según Vergés, genera un «círculo vicioso» de decadencia económica.

Rechazo frontal al reparto de menores de Ceuta

Vergés ha hecho pública la oposición de Junts a que Catalunya acoja a menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta, en el marco del mecanismo de reparto que el Gobierno central está impulsando. El argumento que esgrime es la saturación de los centros de acogida catalanes y el hecho de que Catalunya ya recibe proporcionalmente más menores tutelados que el resto de comunidades autónomas. Por ello, reclama que sean otras regiones las que asuman ahora esta responsabilidad.

La presión de Aliança Catalana marca el discurso

La entrevista se produce en un momento en que las encuestas sitúan a Aliança Catalana —la formación de extrema derecha independentista liderada por la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols— superando a Junts en intención de voto. Vergés atribuye ese ascenso a que los partidos tradicionales han restado importancia durante demasiado tiempo a inquietudes ciudadanas reales como la inmigración o la inseguridad, lo que ha dejado espacio a formaciones que, según él, agitan esos temas sin ofrecer soluciones concretas.

Su apuesta es la confrontación argumental directa con Aliança, en lugar de la equidistancia o el silencio. En ese marco, también aprovechó para señalar que la polémica contratación de urgencia de una hija de Orriols como policía local en Ripoll habría generado dimisiones inmediatas si hubiera ocurrido en Junts, mientras que en el caso de Aliança la reacción pública ha sido mucho más benévola.

La propuesta de Junts sobre las ayudas sociales condicionadas abre un debate sobre los límites del acceso a los servicios del Estado del bienestar para personas recién llegadas, un asunto que hasta ahora protagonizaban casi en exclusiva las formaciones de la derecha radical y que, con este movimiento, Junts introduce de lleno en el espacio del soberanismo catalán más moderado.