El Govern de Salvador Illa ha decidido extender durante otro año la declaración de zona de mercado residencial tensionado a 302 municipios catalanes, incorporando 53 nuevas localidades a un régimen que, desde su implantación en marzo de 2024, ha conseguido moderar los precios medios pero también ha contraído de forma severa la oferta disponible. La decisión se anunció este martes, con Illa de viaje oficial en Vietnam, y fue defendida públicamente por la consejera de Territorio, Sílvia Paneque.

El ajuste del mapa regulatorio supone la salida de 23 municipios, entre ellos Lérida, Granollers y Mollet del Vallès, cuyas rentas han dejado de cumplir los criterios legales que justificaban la intervención, según el análisis de la Generalitat. A cambio, la lista crece con medio centenar largo de localidades donde el encarecimiento del alquiler o el esfuerzo económico de las familias ya alcanza los umbrales exigidos por la ley. El resultado neto es un perímetro regulado más amplio que el anterior, que cubría 271 municipios donde reside aproximadamente el 90% de la población catalana.

Las rentas bajan en zonas reguladas, pero la oferta se desploma

Los datos de la Agencia de la Vivienda de la Generalitat muestran que la renta media de nuevos contratos en las zonas tensionadas descendió un 1,3% entre el primer trimestre de 2024 y el mismo período de 2026, pasando de 887,90 a 876,56 euros mensuales. En Barcelona, la caída fue más pronunciada: de 1.193,51 a 1.137,35 euros, un 4,7%. En ese mismo período, el IPC catalán acumuló una subida del 5,3%, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo real para quienes sí encontraron piso. Fuera de los municipios regulados, sin embargo, la renta media creció un 9,5%.

El problema está en el lado de la oferta. Según el registro de fianzas del Incasòl, entre 2023 y 2025 se formalizaron 24.909 contratos de alquiler menos en los 271 municipios tensionados, una reducción del 19,8%. El portal Idealista calcula que los pisos anunciados para alquiler habitual en Barcelona cayeron un 56% en los dos primeros años de regulación: de más de 10.000 unidades en marzo de 2024 a poco más de 5.000 dos años después. En paralelo, la oferta de alquiler temporal —inicialmente ajena al control de rentas— creció cerca de un 58%, superando también las 10.000 unidades en el mismo portal.

65 familias por cada anuncio en Barcelona, 75 en Lérida

La escasez de producto ha transformado las reglas de acceso al mercado. Las agencias trabajan con listas de espera y los propietarios seleccionan perfiles con mayor solvencia económica, lo que deja en peor posición a los hogares con ingresos más bajos, precisamente el colectivo que la regulación pretende proteger. En Barcelona ya se registraban 65 candidatos por cada vivienda publicada; en Lérida, que ahora abandona la lista de zonas tensionadas, la cifra llegaba a 75.

Ante estas cifras, el Govern mantiene que la caída de nuevos contratos no equivale a una destrucción del parque de alquiler. Paneque ha argumentado que entre el primer trimestre de 2024 y el segundo de 2025 se incorporaron 24.518 viviendas de alquiler habitual a los municipios tensionados, con un saldo positivo entre altas y cancelaciones. Es una lectura que choca frontalmente con la percepción del sector: los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña señalan que la renta media conjunta en esos mismos municipios subió un 3,2% entre 2023 y 2025, lo que contradice el argumento de que la regulación aísla del todo el mercado de la presión alcista.

La decisión de ampliar el perímetro en lugar de evaluar con mayor rigor los efectos no deseados de la medida responde a una lógica política comprensible para el Govern, pero esquiva el debate técnico sobre si intervenir en los precios sin actuar simultáneamente sobre la oferta —mediante suelo, promoción pública o incentivos fiscales a los propietarios— resulta suficiente para resolver un problema estructural de acceso a la vivienda que lleva años enquistado en Catalunya.