El independentismo catalán ha reaparecido en el informe anual de Europol sobre terrorismo en Europa, según recoge Nació Digital. El documento, que analiza las amenazas y los movimientos considerados de riesgo en el continente, incluye esta vez una referencia explícita al caso catalán, algo que no había ocurrido en la edición anterior, publicada en 2023.

La razón de aquella ausencia no fue una decisión técnica de la agencia policial europea, sino política: el Gobierno español solicitó formalmente que se retirara esa mención, una petición que se produjo bajo la presión ejercida por Junts per Catalunya y ERC, dos de los partidos cuyo apoyo resultaba entonces imprescindible para la estabilidad parlamentaria del ejecutivo de Pedro Sánchez. La inclusión de ese apartado había generado un fuerte malestar entre las formaciones independentistas, que rechazaban cualquier equiparación con fenómenos terroristas.

Un movimiento 'fragmentado y operativamente débil', según Europol

El informe de este año no solo restituye la referencia al independentismo catalán, sino que lo caracteriza como un movimiento fragmentado y operativamente débil. Esta descripción, que proviene de los propios analistas de Europol, matiza el alcance real de la amenaza que la agencia atribuye al fenómeno, pero no elimina su presencia en un documento que, por su propia naturaleza, agrupa movimientos que los servicios de inteligencia europeos consideran dignos de seguimiento y evaluación.

El hecho de que España hubiera logrado en 2023 suprimir esa mención a petición de partidos que en ese momento condicionaban la gobernabilidad del país plantea preguntas de fondo sobre la independencia con la que deben elaborarse los informes de seguridad de organismos supranacionales como Europol. La reversión de esa decisión en la edición actual sugiere que la agencia ha recuperado el criterio técnico frente a las interferencias diplomáticas o políticas de aquel episodio.

El regreso del caso catalán al informe de Europol llega en un momento en que la relación entre el Gobierno central y las formaciones independentistas atraviesa una etapa de menor dependencia parlamentaria directa que la de 2023, lo que puede haber reducido la presión sobre Madrid para volver a solicitar su exclusión.