El Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminado que la propuesta normativa destinada a limitar la compra especulativa de vivienda en Catalunya vulnera el derecho a la propiedad privada. El pronunciamiento del órgano consultivo del Parlament supone un golpe directo a la iniciativa que impulsaban PSC, ERC y los Comuns, y viene a respaldar la posición que Junts y el PP ya habían mantenido en el hemiciclo cuando lograron frenar la aprobación de la norma en el último pleno del curso parlamentario.

El dictamen no es jurídicamente vinculante, pero tiene un peso político considerable: avala que las objeciones planteadas por los grupos que bloquearon el texto tenían una base constitucional sólida. La norma, en su planteamiento original, pretendía restringir determinadas operaciones de compraventa que los partidos promotores calificaban de especulativas, con el objetivo declarado de contribuir a contener los precios del mercado residencial.

Junts y PP, respaldados por el dictamen

La alianza entre Junts per Catalunya y el Partido Popular para frenar la aprobación del texto generó una notable tensión política en los últimos días del período de sesiones. Ambas formaciones argumentaron que la iniciativa presentaba problemas de encaje jurídico graves, precisamente en lo relativo a la garantía constitucional de la propiedad privada. El dictamen del Consell de Garanties les da ahora la razón en ese diagnóstico.

PSC, ERC y los Comuns, por su parte, habían intentado llegar a un acuerdo de última hora para reconducir el texto y lograr los apoyos suficientes para su aprobación, pero las negociaciones no prosperaron antes del cierre del período de sesiones. Con el dictamen sobre la mesa, cualquier intento de reactivar la norma en los mismos términos tropezará con este pronunciamiento como obstáculo adicional.

El debate sobre la vivienda en Catalunya sigue siendo uno de los más complejos del panorama político autonómico, con tensiones recurrentes entre los instrumentos de intervención que proponen los partidos de izquierda y los límites que el ordenamiento jurídico impone a esa capacidad regulatoria. Este dictamen añade un argumento de peso jurídico a quienes defienden que las soluciones al problema del acceso a la vivienda no pueden pasar por restricciones que colisionen con derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.