Un informe publicado este jueves por Pimec, la patronal catalana que agrupa a pequeñas y medianas empresas, revela que aproximadamente la mitad del esfuerzo que realizan las empresas al subir salarios al ritmo de la inflación no se traduce en una mejora real del poder adquisitivo de sus empleados. La causa es el denominado fiscal drag, conocido en castellano como progresividad en frío o arrastre fiscal: el mecanismo por el cual los incrementos salariales nominales empujan a los trabajadores hacia tramos del IRPF más altos sin que su capacidad de compra haya mejorado realmente.

El funcionamiento es simple pero con consecuencias muy concretas. Cuando una empresa sube el sueldo de un trabajador para compensar la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación, ese aumento tributa como si fuera una mejora real de renta. Si el Gobierno no deflacta los tramos del impuesto —es decir, no los actualiza al alza para acompasar la subida de precios— una parte creciente del salario queda retenida en forma de mayor carga fiscal. El trabajador ingresa nominalmente más, pero su renta disponible real no crece en la misma proporción.

El coste para las empresas no se traduce en renta disponible equivalente

Según el análisis de Pimec, la brecha entre lo que paga la empresa y lo que percibe efectivamente el trabajador resulta especialmente llamativa en un contexto de inflación prolongada como el vivido en los últimos años. Las pymes, que ya cargan con márgenes más ajustados que las grandes corporaciones, asumen el coste íntegro de las subidas pactadas en convenio o negociadas individualmente, mientras que el efecto beneficioso para el empleado queda amortiguado por una fiscalidad que no se ha adaptado al nuevo entorno de precios.

La patronal catalana dirige así una crítica implícita tanto al Gobierno central —competente en la regulación del IRPF estatal— como a la Generalitat, que gestiona la parte autonómica del impuesto y tiene margen técnico para actuar sobre sus propios tramos. En España, la cesión del 50% del IRPF a las comunidades autónomas otorga a la Generalitat capacidad real para deflactar la tarifa autonómica, una medida que algunas regiones como Madrid han aplicado de forma más activa. El informe de Pimec no detalla qué parte de la pérdida corresponde al tramo estatal y cuál al autonómico, pero la denuncia interpela a ambas administraciones.

Una disfunción que penaliza especialmente las rentas medias

El fiscal drag golpea con más intensidad a las rentas medias y medias-bajas, precisamente las que tienen menor capacidad de negociar compensaciones adicionales y que destinan una proporción más alta de su renta al consumo. Para este perfil de trabajador, una subida salarial del 4% o el 5% diseñada para cubrir la inflación puede quedar reducida a un incremento real de apenas el 2% o el 3% una vez aplicada la cuña fiscal. En términos prácticos, la empresa ha pagado el 100% del ajuste, pero el trabajador solo ha recibido, según Pimec, alrededor de la mitad en términos de poder adquisitivo efectivo.

La patronal de las pymes catalanas lleva tiempo reclamando que la deflactación de los tramos del IRPF se incorpore como práctica sistemática, y no como medida discrecional de los gobiernos de turno. El debate no es nuevo —economistas de distintas corrientes lo han planteado durante años—, pero la inflación acumulada desde 2021 le ha dado una dimensión práctica mucho más visible para empresas y trabajadores.