Salvador Illa ha salido en defensa de su consellera de Educació, Esther Niubó, en medio de la polémica generada por las irregularidades detectadas en la muestra de alumnos catalanes que participaron en las pruebas PISA. Desde Da Nang, donde se encuentra en viaje oficial a Vietnam, el president se ha limitado a trasladar su «total apoyo» a la consellera y a calificar lo ocurrido como un contratiempo de naturaleza «técnica», sin ofrecer más explicaciones sobre un asunto que ha encendido a la oposición.

El fondo del problema es de calado: la Generalitat ha reconocido formalmente que un porcentaje de los alumnos seleccionados para las pruebas fue excluido de la evaluación por encima del umbral máximo que fija la OCDE. Esa desviación compromete directamente la comparabilidad de los resultados de Catalunya con los de ediciones anteriores y con los del resto de sistemas educativos evaluados, lo que en la práctica priva al Govern de un indicador clave para rendir cuentas sobre el estado de la educación pública catalana.

Niubó comparece este martes en comisión parlamentaria

La consellera deberá dar explicaciones ante el Parlament, después de que la oposición forzara su comparecencia en comisión. El Govern ha abierto diligencias internas para esclarecer cómo se produjo el error y quién es responsable de que la selección de la muestra rebasara los límites establecidos por la organización internacional, pero hasta ahora no ha ofrecido ninguna respuesta sustantiva sobre el origen del fallo.

Junts ha sido especialmente duro en sus críticas. La portavoz del grupo posconvergente en el Parlament, Mònica Salas, acusó al Govern de estar «desbordado» y al president de permanecer «ausente» ante una incidencia que afecta directamente a la credibilidad de la política educativa de la Generalitat. Junts, que había reclamado la comparecencia de Niubó, exige ahora responsabilidades políticas concretas, más allá de las explicaciones técnicas que el Govern promete ofrecer.

La respuesta de Illa —un escueto apoyo sin análisis ni compromiso de correcciones— resulta llamativa para un president que llegó al Govern prometiendo rigor en la gestión pública. Reducir a un problema de procedimiento lo que es, en esencia, un error que invalida la comparación de resultados educativos de miles de alumnos catalanes supone restar importancia a una herramienta que debería servir precisamente para mejorar el sistema. El informe PISA no es un trámite burocrático: es uno de los pocos instrumentos externos e independientes con los que cuenta la sociedad catalana para evaluar a qué precio y con qué rendimiento se gestiona la educación pública.