La Comisión Europea ha impuesto una multa de 550 millones de euros a AliExpress, la plataforma de comercio electrónico propiedad del grupo chino Alibaba, por permitir la venta de juguetes y cosméticos que no se ajustan a los estándares legales vigentes en la Unión Europea. La sanción, que constituye una de las más elevadas impuestas a una plataforma digital bajo el nuevo marco regulatorio comunitario, se fundamenta en la vulneración del Reglamento de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

Según Bruselas, AliExpress no ha adoptado las medidas suficientes para evitar que vendedores terceros ofrezcan a través de su plataforma artículos que incumplen los requisitos de seguridad establecidos por la normativa europea. El problema afecta especialmente a dos categorías de producto consideradas de especial riesgo para los consumidores: los juguetes destinados a menores y los cosméticos, ámbitos en los que la UE exige controles estrictos antes de que cualquier artículo llegue al mercado.

El DSA como herramienta de presión sobre las grandes plataformas

El Reglamento de Servicios Digitales, en vigor desde 2022 y plenamente aplicable a las plataformas de mayor tamaño desde 2023, obliga a los marketplaces a adoptar sistemas activos de control para detectar y retirar productos ilegales. No basta con actuar a posteriori cuando los consumidores o las autoridades denuncian un producto concreto: la norma exige una diligencia proactiva, especialmente en categorías de alto riesgo. La Comisión entiende que AliExpress no ha cumplido ese estándar.

AliExpress opera en España y en el resto de Europa como uno de los grandes competidores del comercio electrónico convencional, con millones de usuarios activos. Su modelo de negocio, basado en conectar a compradores europeos con vendedores mayoritariamente radicados en China, ha sido objeto de una presión regulatoria creciente por parte de las instituciones comunitarias, que consideran que estas plataformas aprovechan su estructura transfronteriza para eludir controles que sí se exigen a los comerciantes establecidos en suelo europeo.

La multa de 550 millones se sitúa entre las más cuantiosas derivadas de la aplicación del DSA hasta la fecha, y su cuantía refleja tanto el tamaño de la plataforma como la gravedad que Bruselas atribuye a la comercialización de productos potencialmente peligrosos para los consumidores, en particular para los menores.