El incendio declarado en Los Gallardos que arrasó parte del término municipal de Bédar, en Almería, ha dejado doce víctimas mortales y ha puesto al descubierto una realidad territorial que se arrastra desde hace décadas en Sierra Cabrera: la proliferación de viviendas dispersas en suelo rústico y forestal, muchas de ellas levantadas por ciudadanos británicos en parajes de difícil acceso como La Terrera o El Curato, precisamente donde se localizaron la mayoría de los fallecidos.

El avance del fuego se vio favorecido por las características del terreno: montes cubiertos de esparto y matorral, cortijos aislados y caminos estrechos, algunos trazados por los propios propietarios de las fincas. Esta dispersión no solo complicó las tareas de extinción, sino que convirtió la evacuación en una operación de enorme dificultad, con la comunicación entre vecinos y autoridades reducida en muchos casos a grupos de WhatsApp informales.

Un territorio con distintas categorías de legalidad urbanística

La zona afectada presenta una mezcla heterogénea desde el punto de vista jurídico. Conviven antiguas cortijadas calificadas como hábitat rural diseminado, inmuebles con todas las autorizaciones en regla, edificaciones que quedaron fuera de ordenación tras cambios en la normativa y otras construidas sin ajustarse a las licencias obtenidas o directamente sin licencia alguna. Gerardo Vázquez, abogado y portavoz de una asociación que ha representado a propietarios británicos de viviendas en el Valle del Almanzora, defiende que antes de la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía era posible obtener licencia para edificar en suelo rústico siempre que se contara con terreno suficiente y no existiera riesgo de crear núcleo de población.

Sin embargo, José Ignacio Domínguez, coordinador de Ecologistas en Acción en Almería, sostiene una posición radicalmente distinta. A su juicio, la inmensa mayoría de esas construcciones son ilegales, y el hecho de que sean anteriores a la LOUA no las exime de esa condición, puesto que la normativa urbanística ya existía antes de esa ley y esos suelos nunca fueron urbanizables. El propio Domínguez admite que habría que analizar cada expediente de forma individual, pero describe como práctica habitual la compra de pequeñas parcelas de apenas 500 metros cuadrados sobre las que se levantaban chalets de 400 metros.

Administraciones de todos los colores, señaladas por los ecologistas

Ecologistas en Acción considera que la proliferación de este tipo de viviendas no fue un fenómeno espontáneo, sino que contó con el amparo activo de los ayuntamientos y de la Junta de Andalucía a lo largo de los años. La organización señala tanto a anteriores gobiernos del PSOE como a los ejecutivos del PP por haber promovido modificaciones normativas orientadas a evitar la demolición de miles de inmuebles situados en suelo no urbanizable, optando sistemáticamente por la regularización frente a la disciplina urbanística.

Esta acumulación de decisiones políticas tiene hoy una consecuencia trágica y mensurable: doce personas muertas en una zona donde la gestión de la emergencia estuvo condicionada desde el primer momento por la dispersión del territorio y por la ausencia de planes de evacuación operativos. El Decreto 371/2010 obliga a los municipios situados en zonas de riesgo de incendio forestal a contar con un Plan Local de Emergencias que incluya protocolos de prevención, evacuación y sistemas de alerta integrados en el Plan Infoca. Los ecologistas denuncian que esos planes de autoprotección en los diseminados urbanísticos brillaron por su ausencia.

La comunicación institucional durante la emergencia, en entredicho

Vázquez, que reside en la pedanía de El Pinar de Bédar, relata que durante las horas más críticas del incendio la Administración no le proporcionó información sobre el estado de su vivienda ni a sus vecinos, muchos de ellos extranjeros con dificultades adicionales para seguir la evolución del siniestro. Fue a través de un grupo de mensajería y de sus propias gestiones como logró averiguar que su casa había quedado intacta. El mismo abogado reclama que las administraciones impliquen a los vecinos de estas zonas dispersas en la preparación ante emergencias: formación sobre evacuación, mantenimiento de franjas libres de matorral alrededor de las viviendas y protocolos de aviso claros.

El balance del incendio de Bédar es, en definitiva, el resultado de décadas de permisividad urbanística, de planes de prevención insuficientes y de una gestión del territorio que priorizó no generar conflictos sobre garantizar la seguridad de quienes vivían en él. La solidaridad ciudadana y el trabajo de los equipos de extinción —que lograron salvar el casco urbano cuando las llamas llegaron al propio límite de El Pinar— no pueden ocultar que el marco institucional falló mucho antes de que prendiera el primer foco.