Más de 2.067 viviendas han abandonado el mercado de alquiler residencial habitual en España en apenas diez días, según los primeros datos recopilados por la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) a partir de una encuesta a más de 600 agencias distribuidas por las principales ciudades y capitales del país. El detonante, según la patronal, son los recientes decretos de vivienda aprobados por el Gobierno.

En total, la FAI contabiliza 5.758 operaciones afectadas: 4.235 inmuebles retirados o desviados del arrendamiento residencial —ya sea hacia la compraventa o hacia fórmulas de alquiler de temporada y por habitaciones— y otras 1.523 firmas de contrato bloqueadas. Traducido a cifras concretas, 1.224 pisos han pasado al mercado de compraventa y 944 se han trasladado a modalidades de arrendamiento no sujetas a la nueva regulación.

Cuatro de cada cinco agencias constatan retiradas de pisos

El 88,9% de las inmobiliarias encuestadas declara haber registrado incidencias directas en su cartera de alquileres. La consecuencia más extendida es la retirada de inmuebles del mercado habitual, señalada por el 78,1% de los encuestados, con una media de casi cuatro viviendas por agencia. A continuación se sitúa la paralización de firmas —el 72,4% de las agencias, con una media de 2,75 contratos congelados— y la fuga de propiedades hacia la compraventa, que afecta al 56,6% de los negocios consultados.

Un 38,9% adicional detecta que parte de su oferta se está desplazando hacia el alquiler de temporada o por habitaciones, vías que escapan a los límites de precio y condiciones que impone la nueva normativa. La federación estima que, de mantenerse esta dinámica, el volumen total de operaciones de alquiler podría caer entre un 25% y un 30% en las próximas semanas.

La FAI reclama un pacto de Estado y critica el uso de la Diputación Permanente

El presidente de FAI, José María Alfaro, reconoce la gravedad del problema de acceso a la vivienda, pero sostiene que las medidas adoptadas están agravando la situación en lugar de aliviarla. Alfaro denuncia que la nueva regulación no ha contemplado la situación de los pequeños propietarios, a quienes califica como el segmento más frágil de la oferta, y advierte de que muchas familias ven comprometido su acceso a un alquiler por el bloqueo o la demora en la firma de contratos.

La patronal también cuestiona el procedimiento utilizado: considera que haber recurrido a la Diputación Permanente —órgano que actúa entre legislaturas— para aprobar modificaciones en materia de arrendamientos es una «decisión arriesgada» que ha generado cambios legislativos precipitados en un mercado que, según Alfaro, ya estaba «al límite». La FAI reclama un plan de emergencia de acceso a la vivienda que requiera un acuerdo amplio entre fuerzas parlamentarias, gobiernos autonómicos, expertos y colectivos sociales, con independencia del resultado de las próximas elecciones.