Pedro Sánchez trabaja contra el reloj para lograr que el Congreso apruebe este martes el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda. El Gobierno necesita sumar los apoyos de Junts per Catalunya y Podemos, dos fuerzas que hasta ahora han mantenido una posición exigente en la negociación y cuyo voto no está garantizado.

El presidente ha pedido a los grupos parlamentarios lo que él mismo ha descrito como un «último esfuerzo», una expresión que revela la dificultad de las conversaciones y la urgencia con la que Moncloa afronta las últimas horas antes de la votación. La frase con la que Sánchez ha acompañado ese llamamiento —«Por Maricarmen»— ha trascendido como una apelación personal a los negociadores, en un tono que mezcla la presión política con el recurso a la emotividad.

Un decreto que depende de apoyos poco fiables

La aritmética parlamentaria del Gobierno de coalición obliga al Ejecutivo a conseguir el respaldo de partidos con los que las tensiones son frecuentes y las condiciones, cambiantes. Junts per Catalunya ha utilizado en los últimos meses su posición de fuerza para extraer concesiones en distintas negociaciones, mientras que Podemos, desde su ruptura con Sumar, actúa como grupo independiente con agenda propia.

Que el decreto de vivienda llegue a la votación del martes sin tener los votos asegurados de antemano es, en sí mismo, un síntoma del modo en que el Gobierno gestiona su agenda legislativa: a golpe de negociación de última hora, dependiendo de alianzas coyunturales que se rehacen en cada votación. La estabilidad que proclama Moncloa no se refleja en la capacidad de aprobar normas con suficiente anticipación y sin suspenso final.

El contenido concreto de las medidas de vivienda incluidas en el decreto y las posibles concesiones que el Ejecutivo haya podido ofrecer a cambio del apoyo de ambos grupos no han sido detalladas públicamente hasta el momento, lo que añade opacidad a una negociación que se desarrolla en paralelo al debate legislativo formal.