El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene sobre la mesa este jueves la cuestión de si la ley de amnistía aprobada en 2024 se ajusta al derecho comunitario. El Ejecutivo de Pedro Sánchez llega a Luxemburgo con cierto optimismo técnico —el Abogado General del tribunal, Dean Spielmann, ya se pronunció favorablemente en su dictamen previo—, pero con muy pocas ilusiones políticas. En Moncloa han abandonado la expectativa de que una sentencia favorable pudiera reconstruir los puentes con Junts per Catalunya y estabilizar una legislatura que se sostiene con alfileres.

Fuentes gubernamentales consultadas por ABC califican el pleno despliegue de la amnistía como «el gran hito de 2026». Una formulación que revela, por sí sola, el largo camino que aún queda por recorrer. Aunque el TJUE avale la norma, el proceso no habrá terminado: el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre los recursos de amparo pendientes —lo que no ocurrirá antes de septiembre u octubre— y después será el Tribunal Supremo quien deba levantar efectivamente las órdenes de detención que pesan sobre Carles Puigdemont. Solo entonces podría el expresidente de la Generalitat regresar a España sin riesgo de ser arrestado.

Un calendario judicial que choca con el final de legislatura

Lo dilatado de esos plazos resulta devastador para las expectativas políticas del Gobierno. Cuando se complete el ciclo judicial, la legislatura estará prácticamente agotada. En el entorno de Sánchez ya se maneja abiertamente la hipótesis de un adelanto electoral técnico en el primer trimestre de 2027, después de que los Presupuestos hayan fracasado en el Congreso. El margen máximo se extendería hasta julio, pero las elecciones municipales de mayo actuarían como un freno adicional: a medida que se acerquen los comicios, los socios de investidura priorizarán diferenciarse del Ejecutivo antes que sostenerlo.

En ese escenario, la vuelta de Puigdemont —incluso en el mejor de los casos— llegaría sin tiempo suficiente para reordenar apoyos parlamentarios ni para negociar ningún acuerdo de fondo. La Moncloa lo sabe y ha pasado de la esperanza a la resignación. Las fuentes socialistas consultadas advierten de que el líder de Junts se encontrará una Cataluña radicalmente diferente a la de 2017: el independentismo ha perdido presencia en la calle y el PSC de Salvador Illa ocupa hoy el espacio transversal mayoritario. Para ilustrar ese contraste, los propios colaboradores del Gobierno recurren a la metáfora de la película Good bye Lenin: Puigdemont, como el personaje que despierta del coma, deberá digerir que el mundo que dejó ya no existe.

Junts, entre el maximalismo y la presión de Aliança Catalana

La relación entre el Ejecutivo central y los posconvergentes se ha deteriorado hasta un punto en que difícilmente puede empeorar más. Este martes, Junts votó junto a PP y Vox para bloquear la senda de estabilidad presupuestaria, y está previsto que repita esa operación en la segunda votación prevista para este jueves. El resultado práctico es que el Gobierno deberá elaborar los Presupuestos con las previsiones actualmente vigentes, condenando las cuentas públicas al fracaso antes incluso de que se presenten.

Desde Moncloa insisten en que han cumplido su parte de los compromisos pactados y que «quienes han ido cambiando han sido ellos», en referencia a Junts. Pero esa queja, por fundada que sea, no resuelve el bloqueo parlamentario. La actitud intransigente de los posconvergentes tiene, además, una lógica electoral propia: Aliança Catalana, la formación liderada por Silvia Orriols, avanza con fuerza en las encuestas y ya supera a Junts en el último CEO, el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat. Esa amenaza por el flanco más radical del independentismo obliga a Junts a mantener posiciones maximalistas para no perder su electorado más duro, lo que hace prácticamente imposible cualquier acercamiento al Gobierno.

El resultado es una situación de bloqueo estructural en la que el aval del TJUE —por simbólicamente relevante que sea para Sánchez— no cambia ninguna de las variables reales. La amnistía fue el precio que el Gobierno pagó por la investidura; el balance político de esa operación resulta, a estas alturas, francamente negativo para La Moncloa, aunque desde el Ejecutivo prefieran presentarla como un «hito histórico» antes que reconocer el coste que ha supuesto para la estabilidad institucional y para la credibilidad del propio proyecto socialdemócrata.