Oriol Junqueras y Raül Romeva han solicitado formalmente al Tribunal Supremo que les aplique la ley de amnistía y que, en consecuencia, les levante la inhabilitación que ambos arrastran como consecuencia del proceso judicial derivado del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Los dos dirigentes de ERC se suman así a otros líderes del independentismo que han presentado peticiones similares ante los tribunales desde que entró en vigor la norma aprobada por el Congreso de los Diputados con el respaldo del PSOE y los partidos independentistas, entre ellos el propio ERC y Junts.

El Supremo, árbitro clave de la aplicación de la ley

El Tribunal Supremo es el órgano que debe pronunciarse sobre si los hechos por los que fueron condenados Junqueras y Romeva quedan amparados por la amnistía. El alto tribunal ya ha aplicado la norma de forma parcial en algunos casos relacionados con el procés, pero ha rechazado extenderla a los delitos de terrorismo y ha planteado dudas sobre su alcance en otras figuras penales, lo que ha generado una disputa jurídica y política de fondo sobre los límites reales de la ley.

Junqueras cumplió condena por sedición y malversación antes de ser indultado en 2021, pero la inhabilitación para el ejercicio de cargo público que le impuso el Supremo siguió vigente. Romeva fue condenado por los mismos delitos. Ambos han visto sus carreras políticas condicionadas por esa pena accesoria, que les impide ocupar cargos institucionales.

La petición llega en un momento en que ERC atraviesa una profunda crisis interna tras el relevo de Junqueras al frente del partido y los malos resultados electorales de las últimas citas. El eventual levantamiento de la inhabilitación abriría la puerta a que ambos dirigentes pudieran volver a presentarse a elecciones y ocupar cargos públicos.