El Ministerio de Hacienda ha suspendido la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que estaba prevista para este miércoles, en la que debía abordarse y someterse a votación la reforma del sistema de financiación autonómica. La decisión llega después de que los gobiernos autonómicos del Partido Popular enviaran una carta al ministerio que dirige Arcadi España reclamando que el encuentro se pospusiera hasta pasado el verano.

La misiva, remitida este martes por la mañana, sitúa al Ejecutivo central en una posición incómoda: o forzaba la celebración del CPFF sin el apoyo de las comunidades del principal partido de la oposición, o cedía ante su presión y retrasaba un proceso de reforma que ya acumula años de demora. Finalmente, Hacienda ha optado por aplazar el cónclave, aunque sin fijar todavía una nueva fecha.

Un modelo caduco que nadie consigue reformar

El actual sistema de financiación autonómica lleva vigente desde 2009 y debería haberse renovado hace años. Ninguno de los sucesivos gobiernos ha logrado cerrar un acuerdo entre todas las comunidades, en gran parte porque el reparto de recursos entre territorios genera tensiones difíciles de conciliar. La reforma del modelo es una de las asignaturas pendientes más antiguas de la política española, con implicaciones directas sobre los servicios públicos que reciben los ciudadanos en cada región.

Para Catalunya, el debate tiene una dimensión especialmente sensible. La financiación per cápita que recibe la Generalitat ha sido recurrentemente inferior a la media de las comunidades de régimen común, una situación que distintos gobiernos catalanes —de signo muy diferente— han denunciado sin conseguir revertirla. Cualquier reforma que no corrija esa brecha arrastrará las mismas críticas que el modelo anterior.

El bloqueo protagonizado ahora por las comunidades del PP añade un nuevo capítulo a esta historia de parálisis. Los populares argumentan que necesitan más tiempo para analizar la propuesta, aunque el aplazamiento también les permite evitar pronunciarse sobre un asunto políticamente delicado antes de las vacaciones de agosto, cuando la presión mediática es menor. Hacienda, por su parte, no ha explicado públicamente los motivos concretos que le han llevado a ceder ante esa petición en lugar de mantener la convocatoria.