El acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el estatuto jurídico y administrativo de Gibraltar, que supone la eliminación definitiva de la histórica verja, ha suscitado un rechazo unánime entre los especialistas en Derecho Internacional consultados. Lejos del relato triunfalista con que el Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado el pacto, los expertos lo califican de oportunidad histórica desaprovechada que, en lugar de avanzar hacia una resolución del conflicto de soberanía, lo congela en términos favorables a Londres.

Eduardo Jiménez Pineda, profesor titular de Derecho Internacional Público en la Universidad de Córdoba, advierte de que el acuerdo no cuestiona en ningún momento la soberanía británica sobre el territorio, sino que la refuerza implícitamente. A su juicio, el pacto normaliza una anomalía propia de otro siglo: la existencia de una colonia en suelo español que múltiples resoluciones de Naciones Unidas han catalogado como vulneración de la integridad territorial de España. Esa anomalía no solo no se corrige: queda institucionalizada en un marco jurídico europeo.

Gibraltar entra en Schengen pese al Brexit, y con un IVA del 15% frente al 21% español

Entre las asimetrías más llamativas que deja el acuerdo figura la incorporación de Gibraltar al espacio Schengen, lo que le garantiza libre circulación de personas con el conjunto de países europeos, a pesar de que el Reino Unido abandonó la Unión Europea tras el Brexit. El propio Jiménez Pineda subraya el agravio fiscal que esto entraña: mientras los ciudadanos españoles soportan un tipo general de IVA del 21%, el Peñón mantendrá un gravamen del 15%, alimentando la desventaja competitiva estructural que lastra a los municipios del Campo de Gibraltar.

Carlos Ramón Fernández Liesa, catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad Carlos III de Madrid, añade una advertencia de alcance práctico: España, como Estado fronterizo, no podrá adoptar en la aplicación del tratado ninguna decisión que implique, siquiera de forma indirecta, reconocer la soberanía británica sobre aguas que considera propias. La línea es delgada y el riesgo de que la gestión cotidiana del acuerdo genere precedentes indeseados es, a su entender, real.

El Gobierno evita el Parlamento optando por la fórmula del acuerdo exclusivo de la UE

Tanto Jiménez Pineda como Fernández Liesa cuestionan también la arquitectura jurídica elegida para formalizar el pacto. Al articularse como un acuerdo exclusivo de la Unión Europea —firmado por la Comisión, no por los estados— queda exenta la ratificación parlamentaria que habría correspondido a España y al Reino Unido si se hubiera optado por la fórmula del acuerdo mixto. Fernández Liesa sostiene que esta elección resulta difícilmente sostenible, ya que el tratado afecta de manera directa a competencias estatales españolas, en particular en materia de soberanía territorial y aguas jurisdiccionales. La consecuencia práctica es que el Gobierno de Sánchez elude un debate en el Congreso que podría haber resultado incómodo.

Jesús Verdú, profesor titular de Derecho Internacional Público en la Universidad de Cádiz, completa el diagnóstico con una dimensión socioeconómica. España disponía, a su juicio, de una palanca negociadora excepcional —su poder de veto dentro de la UE— que no empleó para exigir mecanismos vinculantes de compensación para los municipios del Campo de Gibraltar. El tan anunciado «mecanismo de cohesión» que debía paliar los desequilibrios en materia de pensiones y cotizaciones sociales habría quedado en papel mojado o en una formulación sin garantías reales de aplicación.

Para Verdú, el riesgo de fondo es que la apertura de la frontera, sin corregir previamente la brecha fiscal y social entre el Peñón y su entorno español, no haga sino consolidar los desequilibrios existentes. Gibraltar opera con un régimen de baja fiscalidad y cotizaciones privadas que históricamente ha atraído trabajadores y capitales en detrimento de la comarca española limítrofe. Si el tratado no incorpora correctivos eficaces, la libre circulación podría convertirse en un acelerador de esa dinámica, no en un antídoto.